El exministro de Justicia Jaime Gajardo cuestionó con dureza a quien lo sucedió en el cargo, Fernando Rabat, por la controversia sobre las reducciones de condena para personas presas por delitos sexuales. Además, lo acusó de haber proporcionado al Congreso antecedentes incompletos e incorrectos.
Sus críticas también alcanzaron al subsecretario Arenas, a quien señaló como parte de una estrategia para mantener oculta información sobre los decretos suscritos por el actual ministro de Justicia.
“El subsecretario Arenas y el ministro Rabat tienen la intención deliberada de desinformar (…). El ministro presentó fallos que no eran concordantes como si existiera un criterio uniforme”, declaró este martes en una entrevista con Tele13 Radio.
Gajardo denuncia un propósito deliberado de desinformar
El exministro afirmó que el Gobierno dispuso de distintas ocasiones para hacer públicos los decretos, pero no aprovechó esas instancias.
“En reiteradas oportunidades se solicitó al Gobierno que entregara los antecedentes y explicara al país cuáles eran los decretos firmados por el ministro Rabat, pero no lo hizo”, reprochó.
En concreto, se refirió a la presentación de Rabat ante la Cámara de Diputados, instancia en que debía dar cuenta de las determinaciones de su ministerio.
En ese marco, manifestó su inquietud porque, según dijo, “ha existido una voluntad deliberada de desinformar, algo muy preocupante cuando autoridades de Justicia y del Gobierno buscan hacerlo intencionalmente”.
“El subsecretario Arenas y el ministro Rabat tienen la intención deliberada de desinformar (…). El ministro recurrió a fallos que no seguían un criterio único y los presentó como si fueran uniformes”, sostuvo.
“Es especialmente grave que el ministro de Justicia haya entregado al Congreso Nacional información incompleta y deliberadamente equivocada en una sesión convocada para fiscalizar las actuaciones del Gobierno”, señaló.
Para cerrar, advirtió que el Ejecutivo estaría anteponiendo una interpretación administrativa a la protección de las víctimas.
“Está poniendo por delante la eficiencia y la eficacia, en vez de la protección que debe garantizar a niños, niñas y adolescentes y que está establecida por ley”, concluyó.




