Un magistrado federal estadounidense ha dejado sin efecto este lunes el tope de cuatro años que el Gobierno de Donald Trump había fijado para la permanencia de estudiantes extranjeros. La medida era una de las últimas restricciones aprobadas por su Administración contra la presencia de ciudadanos de otros países en Estados Unidos, en línea con su política migratoria restrictiva.
La regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que establecía un máximo de cuatro años para la estancia de estudiantes internacionales en Estados Unidos, excede la autoridad legal y no consideró otras opciones menos limitantes disponibles para el Gobierno. Así lo resolvió el juez F. Dennis Saylor, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, en un fallo al que ha tenido acceso Europa Press.
La norma del DHS buscaba sustituir el sistema conocido como "duración del estatus", vigente durante décadas y que permite a los estudiantes internacionales permanecer en el país mientras cursan sus estudios. Con el nuevo régimen, quienes tuvieran visas de estudiante F-1 y los visitantes de intercambio J-1 tendrían que pedir una extensión a la agencia para seguir en Estados Unidos una vez transcurridos cuatro años.
En su resolución, el juez reprochó a la agencia no haber aclarado de qué manera imponer "un sistema de renovación no revisable y totalmente discrecional –una vez que un estudiante extranjero ya lleva cuatro años en el país– mejora de manera significativa la capacidad del DHS para erradicar los casos de fraude, ni cómo los beneficios de dicho sistema compensan los inmensos costes que supone abandonar el sistema actual".
La presidenta y directora ejecutiva de la Alianza de Rectores sobre Educación Superior e Inmigración, Miriam Feldblum, calificó el fallo de importante victoria para los estudiantes internacionales y las universidades que los reciben. Feldblum, quien interpuso una demanda para frenar la norma, señaló a Bloomberg que ya se perciben los efectos de los intentos del Gobierno de Trump de reducir la llegada de estudiantes con visa F-1, reflejados en una notable caída de las matrículas.
"Si se hubiera puesto en marcha, esta norma habría mermado aún más nuestra capacidad para atraer talento internacional, alterado los planes académicos y generado una carga para los campus", afirmó.





