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La Ley de Protección de Datos entrará en vigor en 2027 tras un nuevo aplazamiento

foto Constanza Carrillo Silva
Escrito por:Constanza Carrillo SilvaPeriodista de Prensa en BioBioChile

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados dio su aprobación, en segundo trámite constitucional, al proyecto que ajusta y aplaza la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales. Con ello, la propuesta quedó en condiciones de convertirse en ley.

Así, la normativa entrará en vigor el 15 de octubre de 2027, en lugar del 1 de diciembre de 2026, fecha prevista originalmente.

Se trata del primer aplazamiento oficial de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, promulgada en diciembre de 2024. En un comienzo, el Ejecutivo planteó postergar su implementación hasta diciembre de 2027; no obstante, luego de un acuerdo transversal en el Senado, el plazo se extendió solo hasta octubre de ese año.

Luego de la votación, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, destacó el avance del proyecto y señaló que el Gobierno busca progresar en la creación de la nueva institucionalidad que fiscalizará el cumplimiento de la ley.

“Valoramos que se haya aprobado este proyecto y, una vez publicada la ley, esperamos designar a los consejeros de la Agencia de Protección de Datos Personales, para que emita instrucciones y adopte las medidas necesarias antes de que la normativa comience a regir en octubre de 2027”, afirmó.

Nueva Agencia de Ley de Protección de Datos

El proyecto también contempla nombrar con anticipación al Consejo Directivo de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales. Para esto, el Ejecutivo tendrá que remitir al Senado su primera propuesta de consejeros, como máximo, nueve meses antes de la nueva fecha de entrada en vigor.

Además, el Consejo pasará de tener tres integrantes a contar con cinco. Sus miembros cumplirán períodos de seis años, no podrán ser reelegidos y se renovarán parcialmente cada dos años.

“Las adecuaciones que demanda la Ley de Protección de Datos hacen necesario que todos conozcan los criterios que la autoridad empleará para interpretar y aplicar la ley, los cuales debe establecer la Agencia. Por esta razón, es importante que el Consejo esté constituido antes de que la ley entre en vigencia”, explicó Koehler.

En otro ámbito, durante la tramitación se descartó la propuesta de aplicar amonestaciones en vez de multas a todas las empresas durante el primer año de vigencia de la normativa. El subsecretario indicó que al Ejecutivo le gustaría volver a impulsar ese cambio en otra instancia legislativa, de modo que el beneficio incluya a todas las empresas y no solo a las pequeñas y medianas.