Los senadores Daniel Núñez (PC), Diego Ibáñez (FA) y Daniella Cicardini (PS) criticaron al Gobierno por dejar fuera del Presupuesto 2027 los fondos que deben destinarse al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), creado en la reforma de pensiones. Advirtieron que, si el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mantiene su negativa, podría exponerse a una acusación constitucional. Núñez también expresó sospechas de una posible colusión entre el Ejecutivo y las AFP.
La discusión del Presupuesto 2027 dio lugar a una nueva polémica, después de que senadores opositores acusaran al Gobierno de incumplir la reforma previsional al no incluir los aportes fiscales que, según plantean, corresponden al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
Las críticas se dirigen al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Los parlamentarios sostienen que está desatendiendo los pronunciamientos de la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Pensiones sobre el año en que deben realizarse esos aportes.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, detalló que se trata de aproximadamente US$160 millones que tendrían que incorporarse en 2027 para financiar el seguro social previsto en la reforma.
Los legisladores consideran que excluir esos fondos pone en riesgo el financiamiento del sistema y podría perjudicar las mejoras previsionales destinadas a más de un millón de jubilados.
Oposición amenaza con acusación constitucional contra Quiroz
El senador comunista Daniel Núñez describió el asunto como grave y acusó al Ejecutivo de buscar dejar sin financiamiento el componente solidario de la reforma previsional.
“La negativa del ministro Quiroz a incluir los recursos que corresponden al Fondo Autónomo de Protección Previsional en 2027 deja al descubierto que el Gobierno pretende desfinanciar el componente de equidad social de la reforma previsional”, sostuvo.
El legislador afirmó que la Contraloría y la Superintendencia de Pensiones han confirmado que los aportes deben realizarse el próximo año.
En ese escenario, Núñez advirtió que no cumplir una obligación establecida por ley podría ser motivo para presentar una acusación constitucional contra el ministro.
“Si un ministro de la República incumple una ley de manera expresa y premeditada, está vulnerando sus deberes constitucionales y podría incurrir en una causal de acusación constitucional”, afirmó.
El senador Diego Ibáñez coincidió con esa postura y acusó al Gobierno de faltar al compromiso de campaña del presidente José Antonio Kast de continuar implementando la reforma previsional.
“Se necesitaron diez años para sacar adelante la reforma de pensiones y también para establecer un seguro social”, dijo.
Ibáñez añadió que la falta de recursos podría poner en cuestión la sostenibilidad del fondo y criticó que Hacienda sostenga una lectura distinta de la planteada por los organismos fiscalizadores.
“Si el ministro Quiroz pretende pasar por encima de la Contraloría, se expone a que se presente una acusación constitucional en su contra”, advirtió.
La eventual presentación de una acusación dependería de que los parlamentarios consideren que existe una causal constitucional; el Congreso tendría que resolver si corresponde tramitarla.
Cicardini critica las consultas realizadas por el Gobierno
La senadora socialista Daniella Cicardini, por su parte, puso en duda las distintas explicaciones que, según indicó, el Ejecutivo ha dado durante la tramitación del Presupuesto.
La legisladora relató que primero se comunicó a la subcomisión que Hacienda había preguntado a la Contraloría si los recursos debían pagarse en 2027 o 2028. Más tarde, la Dirección de Presupuestos habría precisado que la consulta buscaba aclarar cómo debían efectuarse los pagos.
Cicardini afirmó que, pese a que la Contraloría se pronunció a favor de entregar los aportes en 2027, Quiroz anunció que volvería a consultar a la Superintendencia de Pensiones.
“El Gobierno está consultando a distintas entidades una y otra vez, hasta obtener la respuesta que espera: que el pago se haga en 2028. Es una vergüenza”, criticó.
La senadora alertó además de que la disputa podría repercutir en la aprobación de otras partidas presupuestarias.
“Si el Gobierno no incluye este aporte para el FAPP en la Ley de Presupuestos, no estaremos dispuestos a aprobar, por ejemplo, el endeudamiento”, señaló.
Núñez expresa sospechas de una posible colusión entre Kast y las AFP
Daniel Núñez formuló algunas de las críticas más severas: además de cuestionar la propuesta presupuestaria, planteó dudas sobre una posible coordinación entre el Gobierno y las administradoras de fondos de pensiones.
“Cabe sospechar que podría haber una colusión entre el Gobierno de José Antonio Kast y las AFP”, dijo.
El senador sostuvo que las administradoras se opusieron al componente de equidad social de la reforma y relacionó esa postura con la decisión del Ejecutivo de excluir los recursos reclamados.
Núñez también alertó sobre el impacto que tendría dejar al fondo sin financiamiento y señaló que, de acuerdo con su planteamiento, una mujer con 12 años de cotizaciones podría perder hasta $60 mil al mes.
Advierten que podrían paralizarse las negociaciones presupuestarias
La disputa ocurre mientras el Gobierno y la oposición negocian para destrabar distintas partidas del Presupuesto 2027, incluidos los fondos para Salud.
Núñez señaló que las conversaciones podrían detenerse por completo si Hacienda no ofrece una salida antes de que se discuta la partida del Ministerio del Trabajo.
Si bien los aportes al FAPP están considerados mediante el Tesoro Público y el articulado presupuestario, el senador indicó que el debate sobre la partida de Trabajo será clave para exigir una respuesta del Ejecutivo.
“El diálogo quedará completamente bloqueado si al llegar a la partida de Trabajo no se han restituido los recursos de forma explícita y directa”, afirmó.
Por último, el legislador pidió a Hacienda resolver el conflicto durante esta jornada o, a más tardar, cuando se analice esa partida.
Así, el financiamiento de la reforma previsional se suma a los puntos de fricción entre el Gobierno y la oposición. La disputa incluye advertencias de una acusación constitucional contra Quiroz y la posibilidad de que se dificulte la aprobación del Presupuesto 2027.





