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Qué firmó Lincolao con OpenAI: acuerdo abre dudas por datos sensibles y Ciencia niega acceso al texto

foto Megam Ossandón
Escrito por:Megam OssandónPeriodista de Prensa en BioBioChile

El día en que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, suscribió con Sam Altman, CEO de OpenAI, un acuerdo para estudiar la incorporación de inteligencia artificial en el Estado chileno, el fiscal general de California presentó una demanda contra la compañía por presuntas deficiencias de seguridad al desarrollar y probar modelos experimentales.

La colaboración se conoce además mientras el Gobierno promueve aplazar la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos Personales. Ante este contexto, legisladores de oposición solicitaron acceder al texto y obtener claridad sobre qué datos podrían emplearse, con qué restricciones y de qué forma se protegerá la autonomía tecnológica del país.

En respuesta a Bío Bío, el Ministerio de Ciencia indicó que el memorándum no supone gastos para el Estado, no concede exclusividad ni considera la entrega de datos sensibles de la población. Agregó que la formación de funcionarios se llevará a cabo sin utilizar información personal ni bases estatales confidenciales.

No obstante, la cartera afirmó que no está en condiciones de hacer público el documento suscrito, aunque aseguró que Lincolao obtuvo todas las autorizaciones del Gobierno y de Cancillería para proceder.

Los antecedentes disponibles sobre el acuerdo entre Lincolao y OpenAI

Según reportó BioBioChile el lunes por la noche, el memorándum da origen a la iniciativa “OpenAI para Chile”, como parte del programa internacional OpenAI for Countries. De acuerdo con la información entregada por el Ministerio, el propósito es analizar usos de inteligencia artificial para actualizar la gestión pública, formar a funcionarios e impulsar la innovación en el país.

Al dar a conocer la iniciativa, Lincolao afirmó que las herramientas se aplicarían “con supervisión humana en todos los casos y controles definidos”. La cartera señaló que las medidas de protección tendrán que establecerse antes de poner en práctica las aplicaciones o extender su uso.

En sus respuestas a este medio, Ciencia detalló el contenido del documento:

“Es un marco de colaboración no vinculante para analizar posibles ámbitos de cooperación. No corresponde a una compra ni a una adjudicación. Firmarlo no genera costos para el Estado ni establece exclusividad”.

El Ministerio indicó que se constituirá un grupo de trabajo con integrantes de la cartera y de OpenAI, que al comienzo sesionará mensualmente para examinar prioridades, capacitación, planificación y riesgos.

“El grupo podrá proponer actividades, pero carece de atribuciones para comprometer fondos o autorizar contratos. Antes de ejecutar cada iniciativa, esta deberá revisarse por separado y contar con condiciones propias de seguridad, privacidad y contratación”, explicó.

Interrogantes sobre los datos personales y la autonomía tecnológica

El senador Diego Ibáñez (FA) pidió al Ministerio de Ciencia una copia completa del memorándum, junto con sus anexos y el posible acto administrativo que lo autoriza. Asimismo, solicitó a Contraloría que examine si se ajusta a la ley.

Entre sus preguntas están los criterios para elegir a OpenAI, la existencia de un análisis de otras opciones, los posibles costos en etapas posteriores y las reglas para el uso de información estatal: “¿Por qué se optó por un acuerdo en vez de una licitación? ¿Qué efectos tendrá en los datos personales de las chilenas y los chilenos?”, planteó al anunciar sus requerimientos.

La diputada Gael Yeomans (FA) también envió solicitudes formales a Lincolao y a la subsecretaria Carolina Rossi, para obtener el texto íntegro y precisar las obligaciones asumidas.

“Solicitamos conocer el acuerdo completo, los compromisos del Estado y si OpenAI podrá acceder a nuestros datos, además de saber para qué los utilizaría”, declaró.

La legisladora consulta dónde se guardarían los datos, si servirían para entrenar modelos y si se analizaron los riesgos antes de firmar. También expresa reparos a que la empresa integre el grupo encargado de proponer prioridades y aplicaciones, pues considera que un potencial proveedor podría influir en la definición de las necesidades estatales.

En tanto, la diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la Comisión de Ciencias, criticó que se haya firmado el acuerdo mientras el Congreso debate la regulación de la inteligencia artificial y la postergación de la nueva normativa sobre datos personales.

“Estamos debatiendo leyes de inteligencia artificial y resulta difícil de entender que el Gobierno no haya advertido sobre esto, especialmente cuando plantea extender el plazo para que entre en vigor la ley de datos personales”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que el tema debió discutirse con el Congreso y relacionó sus objeciones con la autonomía nacional: “A mi juicio, esto no solo refleja la gestión de la ministra; también evidencia una política de este gobierno que, lamentablemente, pone nuestra soberanía a disposición del mejor postor”.

El presidente de la Comisión de Ciencias de la Cámara, Daniel Manouchehri, señaló que primero espera escuchar las explicaciones de Lincolao para determinar los alcances del acuerdo.

“Solicitamos que la ministra exponga el acuerdo con OpenAI en la próxima sesión de la Comisión de Ciencias, y confirmó que asistirá. Nos interesa saber hasta dónde llega y qué medidas se adoptarán para resguardar los datos y la autonomía tecnológica de Chile”, indicó.

La acción judicial en California

El mismo lunes en que se firmó el acuerdo, el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra OpenAI. La acusa de desarrollar y poner a prueba modelos avanzados sin las medidas de protección y la supervisión requeridas para resguardar al público.

La demanda cita un episodio ocurrido en julio de 2026, cuando agentes que funcionaban con modelos experimentales se conectaron a internet y atacaron la plataforma Hugging Face, pese a que debían operar en un entorno de investigación restringido.

Según la Fiscalía, las deficiencias expusieron al público a riesgos e infringieron las normas estatales contra la competencia desleal.

OpenAI contestó que el desafío afecta a los principales laboratorios de inteligencia artificial y que ha fortalecido sus mecanismos de control, difundido informes y trabajado para corregir conductas de modelos que no siguen sus instrucciones. La empresa añadió que mantendrá su cooperación con la Fiscalía de California.

Ciencia afirma que las capacitaciones no emplearán datos personales

Ante las inquietudes relacionadas con la privacidad, el Ministerio de Ciencia aseguró que el memorándum no prevé compartir datos sensibles y que la prioridad será formar a funcionarios sin poner en riesgo información personal.

“La capacitación podrá apoyarse en datos abiertos, tanto nacionales como internacionales, y en datos sintéticos. No se recurrirá a información personal de la población ni a bases confidenciales del Estado”, señaló la cartera.

El Ministerio agregó que ha instruido a sus equipos para que esa condición quede consignada de manera explícita en los planes de formación. Además, antes de iniciar cualquier proyecto futuro se deberán fijar sus respectivos requisitos de seguridad, privacidad y contratación.