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Comisión investigadora de la cámara dice que Steinert excedió sus facultades y enviará los antecedentes a Fiscalía

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Escrito por:Noelia Ortega SanhuezaPeriodista de Prensa en BioBioChile
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Con información de:Gonzalo OlguínPeriodista Radio Bío Bío Valparaíso. Corresponsal en Congreso Nacional

La Comisión Especial Investigadora encargada de revisar las actuaciones de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, determinó que ella habría sobrepasado sus facultades legales, vulnerado el principio de probidad administrativa y dejado de cumplir su función de asesorar al presidente José Antonio Kast.

Así se señala en el informe de conclusiones y recomendaciones de la comisión parlamentaria, al que accedió Bío Bío, que examina diversos episodios ocurridos durante la gestión de Steinert. Entre ellos figuran el pedido de información a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre una causa penal en curso y el retiro de la prefecta general Consuelo Peña.

Es importante aclarar que se trata de conclusiones políticas formuladas por una comisión de la Cámara, cuyo informe fue aprobado recientemente, y no de un fallo judicial. Además, se resolvió remitir al Ministerio Público los antecedentes incluidos en el documento.

El requerimiento de información, la probidad y la obligación de abstenerse

Uno de los cuestionamientos centrales se refiere al oficio reservado N.º 28, que Steinert emitió el 13 de marzo de 2026, dos días después de asumir el cargo de ministra. En él solicitó información específica sobre funcionarios relacionados con una investigación penal en particular.

Sobre este asunto, la comisión recordó que Contraloría, a través del dictamen N° D344 de 2026, concluyó que la solicitud excedía las facultades legales. También determinó que Steinert debía abstenerse de intervenir debido a su anterior labor como fiscal regional.

A partir de esos antecedentes, la Comisión Investigadora concluyó que la exministra vulneró el principio de probidad administrativa al no cumplir con su deber de abstención.

La salida de Consuelo Peña y el deber legal de asesorar al presidente

Otro asunto objetado fue el retiro absoluto de la prefecta general de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, que se comunicó el 21 de marzo de 2026.

Según la comisión, no fue posible determinar las razones de esa decisión, debido a la falta de antecedentes y a que las exautoridades ministeriales convocadas no comparecieron.

En ese contexto, el informe sostiene que, si Steinert no participó en la decisión —tal como declaró el director general de la PDI, Eduardo Cerna—, habría faltado a su obligación legal de asesorar al presidente en asuntos relativos a la conformación de los altos mandos policiales, sus ascensos y retiros.

Reparos a la planificación en seguridad

Las conclusiones señalan además que existen discrepancias entre lo declarado por representantes del Segundo Piso y la información de transparencia acerca de las tareas de un asesor jurídico presidencial, entre cuyas responsabilidades estaba apoyar la revisión y firma de decretos y coordinar nombramientos de autoridades.

Frente a esto, el informe considera dos posibilidades: que los asesores presidenciales no cumplieran las funciones para las que fueron contratados o que, si las realizaron, proporcionaran información falsa a la Comisión Investigadora.

La comisión también determinó que no se entregaron documentos ni antecedentes específicos que demostraran la existencia de un programa o plan de seguridad del gobierno de Kast al inicio de sus funciones.

Asimismo, expresó reparos ante el anuncio de disolver la Unidad Estratégica del Ministerio, pues, a juicio de la comisión, reflejaría un desconocimiento de la importancia legal y administrativa de esa unidad en materia de seguridad pública.

El informe también advirtió que, cuando fue elaborado, aún no se disponía de la estrategia bianual establecida en la Política Nacional de Seguridad Pública.

El documento señala, además, que faltó supervisión de las actuaciones de la exministra y de la PDI. De acuerdo con el informe, el gabinete presidencial desconocía las decisiones de Steinert y no tenía un asesor ni un equipo dedicado exclusivamente a los temas de seguridad.

Por último, la comisión cuestionó que el Gobierno no tomara medidas para establecer quiénes fueron responsables de la filtración del oficio reservado N°28. Los antecedentes proporcionados por el actual subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, indicaban que no había sumarios administrativos vinculados con estos hechos.

Propuestas de la Comisión y remisión de antecedentes a Fiscalía

Entre las medidas recomendadas, la Comisión Investigadora propuso crear protocolos para requerir información a las policías, con revisión jurídica y registro de las autoridades que aprueben cada solicitud.

También solicitó definir con claridad las tareas y responsabilidades de los asesores presidenciales, establecer mecanismos para identificar conflictos de interés y garantizar la elaboración de los instrumentos de planificación que exige la normativa del Ministerio de Seguridad.

Finalmente, se acordó remitir los antecedentes al Ministerio Público para que indague posibles delitos relacionados con la filtración del oficio reservado N.º 28 y con su vínculo con las investigaciones penales sobre funcionarios de la PDI.

El informe precisa que la exministra Trinidad Steinert fue citada a comparecer en seis ocasiones —el 17 y 31 de agosto, el 7, 21 y 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2026—, pero no concurrió.

El presidente Kast también recibió un cuestionario para responder sobre diversos aspectos de los hechos investigados; sin embargo, cuando se votó el informe, sus respuestas aún no habían sido recibidas.