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TC escuchará a cuatro instituciones por la exigencia de "buena conducta" para titularse de abogado

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Escrito por:Felipe DelgadoPeriodista. Editor de Prensa Región Metropolitana en BioBioChile.
foto Néstor Aburto
La información es de:Néstor AburtoPeriodista. Director de Contenidos en Radio Bío Bío Santiago

El Tribunal Constitucional (TC) recibirá este 18 de noviembre a cuatro instituciones que presentarán sus argumentos en el proceso destinado a determinar si es inconstitucional pedir “antecedentes de buena conducta” a quienes aspiran a obtener el título de abogado. La audiencia comenzará a las 11:00 horas y concita gran interés, considerando que cada año cerca de 6 mil nuevos profesionales reciben el título.

Las organizaciones autorizadas para intervenir son la Universidad de Santiago, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Finis Terrae y la Federación de Colegios de Abogados de Chile. En la resolución del 16 de noviembre, el TC también desestimó la petición de Sergio Antonio Marabolí Flores, pues no satisface el requisito establecido para participar en la audiencia: “representar un interés colectivo como persona jurídica”.

La audiencia tiene únicamente por objeto escuchar a las instituciones y no zanjara por sí misma la cuestión de fondo. Esta consiste en establecer si se mantiene o elimina, con efectos generales, el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales (COT), que exige acreditar buena conducta y faculta a la Corte Suprema para efectuar las indagaciones que considere pertinentes sobre los antecedentes personales de quien postula.

El TC inició de oficio este procedimiento en julio, luego de que la disposición fuera declarada inaplicable en varios casos. Esa determinación permitió abrir un “examen más amplio”, aunque no adelanta cuál será la conclusión. Ahora corresponde al TC revisar la constitucionalidad de la norma de manera general, sin limitarse a las circunstancias particulares de cada postulante.

Una exigencia cuestionada por su amplitud

La principal objeción es que la ley no precisa qué comportamientos se consideran una falta de “buena conducta” ni fija parámetros objetivos para valorar los antecedentes. En decisiones anteriores, el TC consideró que esa falta de límites podría dar lugar a resoluciones diferentes y vulnerar la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo. Este último aspecto es el que más defienden las instituciones y se espera que sea expuesto mañana ante el Tribunal.

La discusión tiene efectos concretos para quienes han visto rechazada por la Corte Suprema su solicitud de jurar como abogados debido a antecedentes penales. En uno de los casos examinados por el Tribunal, una persona que ya había cumplido su condena y cuyos antecedentes fueron borrados recibió igualmente una respuesta negativa a su solicitud de título. En esa causa, el TC declaró inaplicable la disposición al considerar que aplicarla podía establecer una limitación adicional a la contemplada por el legislador.

También se debate que el numeral tercero del artículo 523 ya establece ciertas inhabilidades relacionadas con condenas o imputaciones penales incompatibles con los requisitos para obtener el título de abogado. Quienes impugnan el numeral cuarto plantean que la expresión “buena conducta” podría ampliar la evaluación más allá de esas causales y dejar a los postulantes sin criterios definidos para saber qué antecedentes podrían impedirles titularse.

Incluso hay quienes afirman que haber enfrentado un sumario en la universidad podría considerarse contrario a la “buena conducta” y justificar que se rechace la entrega del título.

La posición de la Corte Suprema

En representación de la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió al TC mantener vigente el requisito. Según su planteamiento, la frase puede entenderse como una medida vigente de aptitud ético-profesional, relacionada con ejercer la abogacía de forma honesta y leal, y no como un juicio general sobre la vida privada o la moral de quien postula.

El CDE añadió que una condena cumplida no debería transformarse automáticamente en una nueva inhabilidad. En su opinión, habría que considerar la gravedad y el tiempo transcurrido desde los hechos, el comportamiento posterior de la persona y si esta logró rehabilitarse.

El Tribunal deberá definir si esa lectura establece límites suficientes para la norma o si, como sostienen algunos abogados, la ausencia de criterios legales hace que el requisito sea incompatible con la Constitución.

De acuerdo con lo informado a Bío Bío, para declarar inconstitucional la disposición se necesita el respaldo de cuatro quintos de los ministros en ejercicio. Si se reúne esa mayoría, la norma dejará de estar vigente con efectos generales una vez publicada la sentencia. La audiencia de este miércoles constituye una etapa del procedimiento, que aún debe culminar con una decisión definitiva.