Una estrategia política desplegada durante el debate del Presupuesto 2027 acabó en una disputa que podría terminar en el Ministerio Público. La revocación de los permisos constitucionales de dos senadores que integran la gira del presidente José Antonio Kast por Asia provocó denuncias sobre una posible falsificación de firma y aumentó la presión para que la mesa del Senado remita los antecedentes a la Fiscalía.
El senador socialista Juan Luis Castro, quien encabeza el comité del Socialismo Democrático, está en el centro de la controversia. Él tramitó el retiro de los permisos de Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD), aunque ambos aseguran que no dieron su autorización.
La situación más grave afecta a Órdenes, quien acusó que su firma fue usada sin permiso para dejar sin efecto un permiso constitucional previamente aprobado por la Sala.
En una carta enviada al secretario del Senado, conocida por Radio Bío Bío y leída por el senador Pedro Araya (PPD), Órdenes afirmó que no reconoce el documento.
La parlamentaria sostuvo que no ha desistido de su permiso constitucional ni firmado o enviado un escrito para hacerlo, y que tampoco ha autorizado a nadie a emplear su firma o representarla con ese fin.
Si bien los dos permisos fueron restablecidos este miércoles por la mañana, el episodio desencadenó una disputa que excede un procedimiento administrativo.
La estrategia política tras los permisos constitucionales
Información recopilada por Radio Bío Bío indica que los permisos se retiraron durante las conversaciones sobre el Presupuesto 2027, en particular mientras se discutía la autorización de endeudamiento solicitada por el Gobierno, cuya votación estaba programada para este miércoles.
Estos documentos son relevantes porque los permisos constitucionales pueden ajustar el quórum de algunas votaciones y, con ello, cambiar el número de sufragios requeridos para aprobar determinadas materias.
Dicho de otro modo, cuando se retiran los permisos de senadores que están en el extranjero, deja de aplicarse ese ajuste y el Ejecutivo debe conseguir más votos para aprobar las iniciativas sujetas a ese sistema.
Fuentes del Senado consultadas señalan que la medida habría respondido a una estrategia política para obstaculizar la aprobación del endeudamiento, uno de los puntos más controvertidos del debate presupuestario.
La hipótesis es que algunos sectores opositores buscarían aumentar el umbral de votos para presionar al Gobierno por más fondos en otras partidas y supeditar a ello su apoyo a la petición de deuda.
Dos versiones sobre la firma de Órdenes y posibles delitos
Un punto central de la investigación será esclarecer de qué manera se agregó la firma de Ximena Órdenes al escrito presentado para retirar su permiso constitucional.
Según información obtenida por Radio Bío Bío, dentro del Senado circulan dos relatos sobre lo ocurrido.
Una de las versiones sostiene que el documento se habría ingresado con la firma electrónica de la senadora, pero sin que ella lo autorizara.
La otra plantea que funcionarios habrían detectado que la firma fue extraída de otro documento, incorporada al escrito y luego reproducida mediante una fotocopia.
Por ahora, ninguna de las hipótesis ha sido confirmada por la justicia, aunque ambas suscitan inquietud por las posibles implicancias penales.
Senadores consultados que conocen materias jurídicas señalan que el uso válido de la firma de otra persona requiere tanto autorización legal suficiente como su consentimiento para ese acto concreto.
Por ello, advierten que, si se demuestra que la firma de Órdenes fue utilizada sin permiso, podrían indagarse delitos vinculados a falsificación de instrumento público o suplantación de identidad, según lo que se establezca y la calificación jurídica de los hechos.
Algunos legisladores estiman, incluso, que los hechos podrían encuadrarse en más de un delito.
La diferencia entre ambos escenarios es significativa: no haber consultado previamente puede generar cuestionamientos políticos, mientras que emplear o falsificar una firma sin autorización podría acarrear consecuencias penales.
Si se presenta una denuncia, la investigación podría incluir a quienes intervinieron en la preparación, firma y entrega del documento, entre ellos Castro. Corresponderá al Ministerio Público establecer si existen responsabilidades y en qué calidad procesal debe convocar a cada persona involucrada.
Castro alude a problemas de comunicación y Espinoza confirma que no hubo autorización
Ante las críticas, Castro ha señalado que trató de contactar a Órdenes, pero que no logró comunicarse con ella.
Personas cercanas a la senadora del PPD rechazan esa versión y afirman que el único mensaje que recibió fue enviado después de que el caso se hiciera público.
En declaraciones a La Segunda, Castro describió lo sucedido como “hechos circunstanciales en el marco del debate político”. Más tarde, consultado por Radio Bío Bío, evitó comentar la controversia.
Fidel Espinoza, en tanto, dijo a La Tercera que los permisos fueron retirados sin que los senadores afectados lo consintieran.
El senador calificó el episodio como un impasse lamentable que pudo evitarse. Añadió que el derecho de ambos a mantener el permiso constitucional ya fue restituido y que solo cada parlamentario puede dejarlo sin efecto.
El socialista añadió que el incidente fue particularmente incómodo porque los dos senadores forman parte de la comitiva presidencial que busca estrechar los vínculos comerciales de Chile con Vietnam, China y Japón.
Carter solicita una investigación y crece la presión sobre la mesa del Senado
El senador republicano Rodolfo Carter estuvo entre los primeros en alertar sobre la posible comisión de un delito y en pedir que los antecedentes lleguen al Ministerio Público.
A su juicio, lo ocurrido podría constituir un eventual delito al interior del Senado.
Por ese motivo, solicitó al secretario de la corporación que dejara constancia de los hechos y remitiera los documentos a la Fiscalía.
Carter pidió que el secretario certificara lo sucedido y enviara los antecedentes al Ministerio Público para que se determine quién pudo cometer el delito. Añadió que, como mínimo, se habría falsificado la firma de una senadora de la República.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo que para retirar un permiso constitucional se necesita la autorización del parlamentario, sin importar qué método de firma se utilice.
Según explicó, la discusión no se centra en si la firma es electrónica, sino en que la persona debe haber autorizado su uso.
Núñez también confirmó que los hechos quedaron registrados durante la mañana y que la mesa analiza si corresponde enviar los antecedentes a la Fiscalía.
La senadora señaló que la mesa está evaluando esa posibilidad y que ahora le corresponde hacerlo. Aun así, todavía no se ha adoptado una resolución definitiva.
Fuentes consultadas por Radio Bío Bío indican que en el Senado hay inquietud por la demora de la mesa en resolver el asunto.
La preocupación es que, si se inicia una investigación penal, también se pueda revisar cómo actuaron las autoridades de la corporación al conocer los antecedentes y qué medidas tomaron.
En ese contexto, varios senadores habrían expresado informalmente sus inquietudes a Núñez y al senador Iván Moreira, y les habrían planteado que es necesario resolver el tema pronto.
Las fuentes consultadas indican que se espera que la mesa o la Secretaría del Senado defina el curso de acción a más tardar este jueves, aunque la decisión también podría anunciarse durante la noche de este miércoles.
De este modo, una acción que, según las sospechas planteadas en el Congreso, pretendía modificar las condiciones para votar el endeudamiento, derivó en una controversia por el uso de la firma de una senadora. El caso podría tener consecuencias penales y mantiene a la mesa del Senado bajo presión mientras su decisión sigue pendiente.





