El Ministerio Público dio a conocer este miércoles el tercer Informe de Crimen Organizado en Chile 2026, que describe una transformación del fenómeno criminal, marcada por mercados ilícitos más concentrados, organizaciones delictivas más complejas y un mayor arraigo en los territorios.
Según el estudio, en 2025 los ingresos de casos relacionados con el crimen organizado subieron un 6,8% y llegaron a 6.121. El incremento estuvo impulsado principalmente por el microtráfico, que creció un 49,6%.
El informe además alerta sobre el aumento de víctimas de trata de personas, la incorporación de adolescentes a actividades delictivas y las conexiones entre organizaciones criminales, corrupción y el sistema penitenciario.
Durante la presentación, el fiscal nacional, Ángel Valencia, resaltó la metodología empleada para contrastar los datos de los últimos tres años e identificar las tendencias más relevantes.
“El informe no es un mero compendio de cifras: es una herramienta para orientar decisiones de persecución penal fundadas en evidencia”, sostuvo.
Bajan las víctimas de homicidio y aumentan los casos de trata de personas
Entre los datos destacados por el informe figura una reducción de las víctimas de homicidios relacionados con el crimen organizado: de 199 en 2024 a 107 en 2025, una disminución del 46,2%.
No obstante, el Ministerio Público pidió cautela al interpretar esta tendencia, pues los primeros datos de 2026 hacen necesario seguir de cerca su evolución.
En cambio, las víctimas identificadas de trata de personas aumentaron un 36,9%, al pasar de 179 a 245 durante el mismo período.
El documento también señala la creciente participación de adolescentes en actividades delictivas y la capacidad de las organizaciones para conectarse con redes logísticas y financieras.
El reto de desarticular las organizaciones
Una de las conclusiones centrales del informe es que el crimen organizado en Chile no necesariamente se expande de forma homogénea, sino que evoluciona hacia mercados ilícitos más concentrados y estructuras con mayor arraigo territorial.
Ante esta realidad, la Fiscalía sostiene que la persecución penal debe ir más allá de investigar delitos aislados y enfocarse en desarticular las organizaciones y las redes económicas, financieras e institucionales que hacen posible su operación.
Para lograrlo, propone reforzar la inteligencia criminal y el rastreo del dinero y los bienes ilícitos, así como impulsar investigaciones integradas y una coordinación institucional más estrecha, tanto dentro del país como a nivel internacional.




