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El proyecto europeo para establecer un centro de deportación de migrantes en Ruanda genera preocupación

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Escrito por:BIOBIA
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La información es de:France 24Medio de comunicación público francés en convenio de colaboración con BioBioChile.

La ONU y entidades como Human Rights Watch y Save the Children advirtieron de las posibles consecuencias para los derechos humanos del centro que Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos acordaron poner en marcha en Ruanda en 2027 para personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas en la Unión Europea. Los cinco gobiernos describen el proyecto como un “cambio de paradigma” en la política migratoria del bloque.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó este martes 17 de noviembre su inquietud por el centro para deportar migrantes a Ruanda, anunciado el lunes mediante un acuerdo entre el gobierno de ese país africano y los de Austria, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos.

También cuestionaron la iniciativa Human Rights Watch (HRW), que afirmó que no satisface los estándares europeos de derechos humanos y que podría dejar a las personas deportadas expuestas a abusos, y Save the Children, que advirtió sobre las posibles consecuencias para los menores.

¿Qué inquietudes planteó la ONU?

“No hemos podido consultar el texto de la propuesta, pero nos inquietan los riesgos para los derechos humanos que supone trasladar a personas de cinco países de la Unión Europea (UE) a Ruanda, un país con el que no tienen un vínculo real y que también afronta sus propios desafíos en materia de derechos humanos”, declaró en una rueda de prensa Marta Hurtado, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU.

En un comunicado, la ACNUDH señaló que los problemas migratorios no se resuelven “con medidas aisladas, que suelen ser muy costosas, como buscar países distantes que se hagan cargo de una parte de la gestión migratoria, ni trasladando a otros las obligaciones en materia de derechos humanos”.

Para el organismo dirigido por el alto comisionado Volker Türk, la respuesta requiere “examinar con mayor profundidad las causas que impulsan la migración”, entre ellas las desigualdades, “un sistema económico y financiero injusto que perjudica a muchos países del Sur Global” y el incremento de los conflictos.

La oficina también señaló que numerosos países receptores de migrantes tienen poblaciones envejecidas, carecen de trabajadores en sectores clave y enfrentan dificultades para mantener sus sistemas de protección social.

Por ello, reclama un “enfoque integral” que se sustente en los derechos humanos, amplíe las opciones de migración regular y reconozca las “enormes contribuciones” de los migrantes a las economías y sociedades de Europa.

¿Por qué HRW cuestiona a Ruanda como destino?

“La experiencia demuestra que los traslados a terceros países vulneran derechos y generan sufrimiento”, declaró en un comunicado Judith Sunderland, directora asociada de Derechos de Refugiados y Migrantes de HRW.

La organización explicó que el nuevo Reglamento de Retornos de la UE autoriza la instalación de centros de deportación en países ajenos al bloque para quienes no puedan ser expulsados directamente a su país de origen. No obstante, la norma exige que los acuerdos se realicen con países que respeten el derecho internacional de los derechos humanos, requisito que Ruanda no satisface, según HRW.

HRW, organización internacional que investiga, defiende y promueve los derechos humanos, atribuye al gobierno ruandés un historial de represión de la disidencia. Entre los hechos que denuncia figuran detenciones y malos tratos a críticos y opositores, ataques contra defensores de derechos humanos e injerencias en la independencia judicial.

La entidad también hizo referencia a la actuación de las Fuerzas Armadas ruandesas en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde, de acuerdo con HRW, respaldan y controlan al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23). Organizaciones internacionales han acusado tanto a las fuerzas de Ruanda como al M23 de cometer graves abusos y crímenes de guerra durante el conflicto en el este congoleño.

HRW añadió que Alemania, Grecia, Dinamarca y Países Bajos manifestaron este año inquietud por la situación de los derechos humanos en Ruanda durante el examen periódico del país ante la ONU. Además, reprochó a los cinco gobiernos europeos que anunciaran el proyecto sin publicar una evaluación de derechos humanos o de diligencia debida.

De acuerdo con HRW, enviar personas a terceros países puede someterlas a detenciones arbitrarias, malos tratos o indigencia, y también derivar en su traslado posterior a lugares donde estén en peligro.

¿Qué posibles riesgos afrontan los niños?

Save the Children, por su parte, manifestó su “preocupación” ante el riesgo de que algunos menores sean clasificados por error como adultos o apartados de sus familiares.

Aunque el acuerdo excluye a los menores y a las familias, pues está dirigido especialmente a hombres adultos que viajan solos, la ONG teme que los niños resulten afectados “directa o indirectamente” por el plan “desde el primer día” de funcionamiento del centro en Ruanda. HRW advirtió, en cambio, que el nuevo Reglamento de Retornos europeo sí autoriza que los centros en terceros países reciban a familias con hijos.

“Nos inquieta profundamente que los niños sean separados de sus familias y de los adultos de confianza, queden sin asistencia legal y permanezcan en condiciones parecidas a las de un centro de detención”, señaló Federica Toscano, asesora principal de incidencia política de la organización en Europa.

La ONG pidió a los gobiernos europeos que se comprometan de manera “pública e inequívoca” a no enviar, retener ni procesar a ningún niño en un centro de retorno, y que esa promesa tenga carácter jurídicamente vinculante.

¿Cómo defienden el acuerdo los cinco países europeos participantes?

El canciller federal austríaco, el conservador Christian Stocker, dio a conocer el acuerdo el lunes 16 de noviembre en Viena, tras reunirse con los ministros del Interior de Ruanda y de los cinco países europeos.

“Austria, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Grecia tienen previsto abrir conjuntamente en Ruanda el primer centro de retorno en 2027”, afirmó el jefe del gobierno austríaco ante la prensa.

El traslado a ese país africano solo podrá aplicarse a quienes hayan recibido una decisión definitiva de rechazo a su solicitud de asilo, es decir, a quienes ya hayan agotado todas las vías legales para permanecer en Europa.

También se exige que no sea posible deportarlos directamente a sus países de origen, por ejemplo, porque sus gobiernos se nieguen a readmitirlos. La medida no incluye a menores no acompañados.

Stocker calificó el proyecto como un “cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria” de la UE. Aseguró que los cinco gobiernos pretenden “quitar a los traficantes su inhumano modelo de negocio y evitar así las muertes en el Mediterráneo y en otras rutas peligrosas”. También buscan “reducir la presión” sobre la capacidad de los países europeos, exigida por los movimientos migratorios de los últimos años.

“Nuestro objetivo y nuestra exigencia son lograr un sistema migratorio más sostenible y ordenado”, afirmó en la misma rueda de prensa la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, dijo que el plan se desarrollará junto con organizaciones internacionales y de conformidad con la legislación europea y los derechos humanos.

El ministro del Interior ruandés, Vincent Biruta, aseguró que las personas enviadas a Ruanda recibirán un trato digno.

La Comisión Europea respaldó el acuerdo y lo describió como un “enfoque innovador que puede ayudar a combatir la migración ilegal y aumentar la eficacia de los retornos, respetando plenamente el derecho de la UE e internacional”.

¿Qué función desempeñará la OIM?

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que también integra el sistema de Naciones Unidas, informó el lunes que Ruanda le pidió ayuda operativa para el centro y que respondió estar dispuesta a colaborar.

Sin embargo, aclaró que el apoyo solo se prestaría cuando las personas ya estuvieran en el país africano y estaría enfocado en facilitarles servicios esenciales, como atención sanitaria y asistencia psicológica, entre otros.

La organización condicionó su colaboración al respeto de “las normas internacionales” y señaló en un comunicado que no interviene en expulsiones forzosas, detenciones, operaciones policiales ni tareas de seguridad.

La OIM afirmó que “los Estados pueden decidir soberanamente quién está autorizado a entrar y permanecer en su territorio, siempre que cumplan las obligaciones establecidas en el derecho internacional”.

¿Qué norma de la UE lo autoriza y qué precedentes hay?

El proyecto se basa en el Reglamento de Retornos, aprobado por el Parlamento Europeo en junio y adoptado por la UE el mes pasado. La norma abre por primera vez la posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países y tiene como propósito acelerar las deportaciones.

El reglamento establece que los ciudadanos de países ajenos al bloque que se encuentren en situación irregular deberán salir del territorio de la UE de inmediato o dentro de un plazo fijado, siempre “con pleno respeto de los derechos fundamentales y del derecho internacional”.

El precedente más cercano es el plan del Reino Unido con Ruanda, que pretendía enviar allí a migrantes recién llegados para que sus solicitudes de asilo fueran tramitadas en ese país. El Tribunal Supremo británico lo declaró ilegal en 2023 y el gobierno laborista lo anuló definitivamente en 2024.

En contraste con ese proyecto, el modelo europeo se dirige a personas cuya solicitud de asilo en Europa ya fue rechazada de forma definitiva y que no pueden ser retornadas directamente a sus países de origen.