La Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICH) denunció una posible vulneración de la libertad de asociación y del resguardo de los datos personales, luego de que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, afirmara que tenía identificados y categorizados a los miembros de la entidad de acuerdo con el cumplimiento de sus compromisos como becarios.
La polémica se produjo en una sesión de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, en la que la secretaria de Estado presentó información sobre personas que obtuvieron recursos de Becas Chile y registran situaciones de incumplimiento.
En la sesión, Lincolao indicó que la SICH reunía a 107 beneficiarios de becas, cuyo monto conjunto alcanzaba los $8 mil millones. Doce de esas personas tenían incumplimientos declarados y otras cinco habían interpuesto recursos de reposición.
La organización, no obstante, manifestó especial preocupación por la afirmación de la ministra de que disponía de un registro de todos sus miembros, ordenados según el estado de sus compromisos de retorno y retribución al país.
La respuesta de la SICH
La SICH puso en duda el origen de esos antecedentes y sostuvo que su nómina íntegra de miembros jamás ha sido pública ni se ha remitido al Ministerio de Ciencia o a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
“En democracia, nadie debería temer por asociarse”, señalaron desde la entidad, que advirtió que lo ocurrido podría comprometer la libertad de asociación y la protección de datos personales, derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución.
Según plantearon, para ordenar a sus integrantes en función de sus obligaciones de beca habría sido indispensable cotejar los registros de beneficiarios de ANID con una lista privada de socios.
La asociación además preguntó qué facultades legales permitirían efectuar ese cruce y recordó que, a su juicio, las instituciones públicas solo están autorizadas a procesar datos personales en el ámbito de sus competencias.
Inquietud entre investigadores y petición de aclaraciones
La SICH aseguró que los efectos de este episodio ya se han manifestado entre sus integrantes.
De acuerdo con la organización, algunos investigadores pidieron que se resguardara su identidad, mientras que otros decidieron dejarla ante el temor de posibles represalias; también se reportaron casos de acoso cibernético.
Frente a esta situación, pidieron al presidente de la Comisión de Ciencias de la Cámara, el diputado Daniel Manouchehri, que solicite formalmente al Ministerio y a la ANID aclarar de qué manera identificaron a sus miembros.
La entidad busca saber quién preparó el documento presentado por la ministra, qué registros se compararon para obtener la información, qué fondos públicos se usaron en el proceso y cuál fue la justificación legal para llevarlo a cabo.
“¿De dónde salió esta lista, qué datos se cotejaron y qué disposición legal permitió hacer ese cruce?”, preguntaron desde la asociación, que añadió que aún no obtiene respuesta a sus solicitudes.
La respuesta del Ministerio de Ciencia
BioBioChile preguntó al Ministerio de Ciencia por las críticas y por la procedencia de la nómina aludida por Lincolao. Desde esa cartera respondieron que el listado era de carácter público.
“Oficialmente estaban publicados (en el sitio de la SICH) a la fecha”, insistieron. La organización, en cambio, rechazó tajantemente esa afirmación.
“La SICH jamás ha publicado el listado completo de sus asociados y, según lo que señaló la ministra, ella accedió a la nómina íntegra. Es verdad que en algún momento existió una lista parcial, cuyo propósito era identificar únicamente a los fundadores”, afirmaron.
También señalaron que “las amenazas no se limitaron a los fundadores o a la directiva: se dijo explícitamente que todos los asociados estaban identificados. Reiteramos que esa información nunca se hizo pública”.
Desacuerdos entre la SICH y el Ministerio
Este hecho se agrega a las críticas que la SICH ya había planteado sobre la gestión de la cartera. Como reportó previamente BioBioChile, la organización había cuestionado la falta de comunicación con la ministra y había presentado sus reparos al presidente José Antonio Kast.
Así, la controversia por la identificación y clasificación de los integrantes abrió un nuevo punto de tensión entre la comunidad investigadora y el Ministerio de Ciencia.




