El Tribunal Supremo de España ratificó este miércoles que los hijos e hijas de personas que consiguieron antes la nacionalidad española al amparo de la llamada ley de nietos —cerca de 190.000 personas— podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La Sala de lo Contencioso del Supremo rechazó por mayoría el recurso de reposición presentado por el partido ultraderechista Vox contra la resolución del pasado día 9, que descartó suspender el derecho a voto de los hijos e hijas de quienes adquirieron previamente la nacionalidad mediante esa norma.
Así, a diferencia de sus padres —a quienes el Supremo suspendió de forma cautelar el derecho a sufragio, salvo que demostraran ser descendientes de exiliados—, sus hijos sí podrán votar.
La ley de nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática y permite solicitar la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles que se exiliaron por motivos políticos.
Para ponerla en práctica, el Gobierno español dictó una instrucción que presumía como exiliados a los españoles que abandonaron el país entre 1936, año en que empezó la guerra civil, y 1955, durante la dictadura del general Francisco Franco.
Iustitia Europa y Vox impugnaron esa medida, y el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la incorporación al censo electoral de las personas afectadas.
Por ello, unas 113.326 personas que obtuvieron la nacionalidad española por esta vía no podrán votar en las próximas elecciones.
Iustitia Europa y Vox buscaban impedir también que los hijos pudieran votar, una decisión que alcanzaría a alrededor de 190.000 personas. Para ello, solicitaron al Supremo que les impusiera las mismas medidas que había dispuesto para sus padres.
No obstante, el pasado 9 de noviembre el alto tribunal rechazó aplicar esas medidas cautelares a los hijos.
Vox apeló la decisión aludiendo a una “perturbación grave del interés general” y a la importancia de disponer de “un censo cierto y depurado”. Como respaldo, citó el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, quien defendía suspender también el sufragio de los hijos para conservar una “línea de actuación internamente cohesionada”.
La Sala, sin embargo, mantuvo su criterio y consideró “suficiente” su respuesta, debido a la “inviabilidad en este momento” de revisar nuevamente el censo en solo unos días, cuando la revisión relativa a los padres requirió dos meses de trabajo administrativo.
El tribunal reiteró que, “en el estado tan avanzado del proceso electoral en curso”, no es posible iniciar el nuevo procedimiento de revisión del censo que se solicitaba.
La Sala señaló que “es consciente de que si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar la respuesta podría haber sido distinta”, pero que en esta etapa “el obstáculo temporal” impide acordar la suspensión.





