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Alcalde de Hualpén: tres de los cuatro funcionarios con condenas dejaron el municipio en 2017

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Escrito por:Camila SchülerPeriodista Canal 9
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La información es de:Fabián PolancoPeriodista Bío Bío
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Un informe de la Contraloría detectó a 315 personas con condenas que trabajarían en el sector público, entre ellas cuatro funcionarios de la Municipalidad de Hualpén. El alcalde Miguel Rivera dio su versión y los diputados Briones y Charpentier calificaron la situación de inaceptable.

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Un informe de la Contraloría identificó a 315 personas que, pese a cumplir condenas, trabajarían actualmente en el aparato público. Entre ellas figuran cuatro funcionarios de la Municipalidad de Hualpén, caso sobre el que el alcalde Miguel Rivera entregó su versión. El tema también generó reacciones de los diputados Patricio Briones y Paz Charpentier.

La versión del municipio de Hualpén

Rivera afirmó que el municipio realizó una investigación exhaustiva desde que llegó el listado de la Contraloría. Según explicó, constataron que varios de los funcionarios señalados ya habían dejado de trabajar en el municipio en 2017. Respecto del cuarto caso, el alcalde indicó que el municipio hace consultas en la Contraloría, porque los certificados del Servicio de Registro Civil e Identificación, consultados al 26 de mayo de este año, no arrojaban "absolutamente nada" sobre ese funcionario.

Según antecedentes recopilados por este medio, los tres trabajadores con antecedentes por delitos de drogas se desempeñaron como guardias municipales hasta 2018. El cuarto sería un profesional de la Dirección de Salud, cuya situación se está revisando a raíz de lo denunciado por la Contraloría.

Reacciones en el Congreso

Desde el Congreso, los diputados Briones y Charpentier destacaron el trabajo de la Contraloría y calificaron como inaceptable que personas con condenas ejerzan labores en el servicio público. Patricio Briones (PDG), sostuvo que el organismo detectó a más de un centenar de personas con antecedentes penales en el servicio público, y afirmó que no importa si se trata de servicios de orden y seguridad, de un municipio o de un gobierno regional: "Esto es inaceptable. Vamos a elevar la calidad en la fiscalización para evitar que personas con antecedentes, sea el crimen que sea o sea el delito que sea, estén en la función pública", señaló.

Por su parte, Charpentier (PRCh) planteó que el informe recuerda "la importancia y el rol clave que cumple la Contraloría General de la República en la fiscalización de los recursos públicos". Agregó que en este ámbito "la ley aplica para todos".