Alfredo Martin, vocero de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, se refirió a los concursos fallidos para ocupar cargos de notario, conservador y archivero, y criticó a la entidad a cargo de esos procesos. En conversación con Radio Bío Bío, planteó que se debe evaluar si la Alta Dirección Pública (ADP) es la institución más apropiada para efectuar estos nombramientos.
El vocero señaló que la ADP se creó para seleccionar a funcionarios públicos de alto nivel, una categoría en la que, según indicó, no entran notarios, conservadores ni archiveros, pues no son empleados públicos. Martin añadió que sus funciones son especializadas y requieren conocimientos de derecho notarial y registral.
Martin advirtió además que el desempeño de estos cargos exige cualidades que el mecanismo actual no toma en cuenta, como la probidad y la integridad de los postulantes. Según afirmó, no se realizan consultas ni entrevistas personales, tampoco evaluaciones psicolaborales, pese a que son esenciales para identificar a quien corresponde nombrar.
Deficiencias en la precalificación y en las materias de evaluación
Al analizar el modelo aplicado por la Alta Dirección Pública, Martin expresó reparos al filtro de precalificación. Contó a La Radio que conocen casos de postulantes con diplomados, magísteres y cursos avanzados en estas áreas que, pese a ello, no lograron quedar habilitados para rendir los exámenes. A su juicio, este filtro presenta problemas que la ADP debería revisar.
El vocero puso en duda asimismo si las materias evaluadas son pertinentes. Explicó que la ley establece que deben medirse principalmente los conocimientos de derecho notarial y registral, dado que esas son las tareas del cargo. No obstante, señaló que varias preguntas abordan asuntos exclusivamente tributarios o laborales.
Martin reconoció que un notario debe contar con una formación jurídica amplia, aunque sostuvo que, ante materias muy específicas, puede solicitar apoyo a un abogado tributario o especialista laboral. A su entender, lo esencial es que conozca el ejercicio de sus funciones y las normas que rigen el derecho notarial y registral, afirmó.
Martin también manifestó su sorpresa porque ninguno de los abogados que postulan consiga aprobar. Ante quienes atribuyen el resultado a una mayor dificultad de las pruebas y a la necesidad de prepararse más, el vocero respondió que eso revelaría que “los instrumentos de evaluación aplicados no eran apropiados”.
Es necesario introducir cambios urgentes al sistema
En consecuencia, Martin sostuvo que la ADP debe enmendar el proceso y ajustarlo a lo que dispone la ley: medir principalmente los conocimientos de derecho notarial y registral, además de evaluar habilidades y destrezas. Agregó que no corresponde incluir asuntos vinculados incluso con la práctica notarial y registral.
Martin indicó que no se puede exigir a quienes nunca han desempeñado el cargo que conozcan su práctica. Aun así, señaló que se formulan preguntas sobre ese aspecto, mientras el sistema deja fuera la trayectoria laboral de notarios y conservadores. Por ello, advirtió que se necesitan correcciones urgentes.
Para concluir, el portavoz de la Asociación de Notarios pidió que el mecanismo permita seleccionar a quien reúna, de forma integral, los méritos más altos para ocupar el cargo. Propuso revisar la precalificación y los contenidos de las pruebas, e incorporar evaluaciones psicolaborales y la experiencia profesional de los postulantes.





