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Espinoza rechaza acusación de falsificar firmas y atribuye la investigación fiscal a disputas políticas internas

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Escrito por:Alberto GonzálezPeriodista de Prensa en BioBioChile

El senador socialista Fidel Espinoza se refirió a la controversia por los permisos constitucionales en el Senado y descartó que se haya cometido un delito o que se haya falsificado la firma de algún parlamentario. Según planteó, se trató de una equivocación administrativa que ya fue subsanada. Por ello, criticó que se busque involucrar al Ministerio Público en un asunto que considera político.

En su cuenta de X, el legislador respondió a las críticas por la gestión de esos permisos, en particular a los planteamientos del senador Rodolfo Carter, quien ha participado en la discusión.

“¿Cuál es el escándalo? Un descuido administrativo no constituye un delito. A mí también me molestó lo ocurrido con el permiso constitucional, pero el asunto ya fue aclarado y solucionado”, señaló Espinoza.

La polémica en la Cámara Alta se intensificó tras conocerse denuncias por posibles irregularidades en el uso de firmas de parlamentarios para gestionar permisos constitucionales. A raíz de estos antecedentes, intervino la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Espinoza descarta falsificación y atribuye lo ocurrido a una falla administrativa

Entre los puntos más discutidos está la posible utilización, sin autorización, de la firma de una senadora para tramitar un permiso constitucional.

El caso despertó cuestionamientos porque la concesión de estos permisos incide en el quórum de las votaciones del Senado. Esto planteó dudas sobre sus posibles efectos en distintas decisiones legislativas, entre ellas el debate sobre la autorización de endeudamiento.

Espinoza, no obstante, negó que los hechos sean constitutivos de delito y afirmó que en su caso no se falsificó ninguna firma.

“Nadie falsificó mi firma. Eso no significa que no esté molesto con la bancada por este impasse, pero se trata de un asunto político”, declaró.

El senador agregó que el problema ya fue corregido y que se restituyeron los permisos constitucionales vinculados con una gira parlamentaria por Asia.

“No existe ningún escándalo ni se falsificó la firma de nadie. Hubo un error administrativo que ya se corrigió. Los permisos constitucionales para la gira a Asia fueron restituidos”, recalcó.

Críticas a Carter y al Ministerio Público

El senador socialista también dirigió sus cuestionamientos a Rodolfo Carter, quien había pedido enviar los antecedentes a la Fiscalía ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito.

“Senador Carter, enfoquémonos en que la Fiscalía de Chile persiga los delitos ligados al crimen organizado y la corrupción política, que está presente en todas partes. Eso es lo que exige la ciudadanía”, expresó.

Espinoza además advirtió de los riesgos que, a su juicio, implica llevar las discrepancias entre parlamentarios a los tribunales.

“Si recurrimos a la Fiscalía para que resuelva nuestras disputas políticas internas, terminaremos en el peor escenario”, afirmó.

Sus dichos se conocieron después de que la Fiscalía Regional de Valparaíso iniciara una investigación de oficio para aclarar la presunta falsificación de la firma de la senadora Ximena Órdenes.

La senadora del PPD había informado, en una carta al secretario del Senado, que no pidió dejar sin efecto su permiso constitucional ni autorizó a otras personas a usar su firma. El trámite lo efectuó el senador socialista Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, sin contar con el consentimiento de los parlamentarios afectados.

Aunque Espinoza sostiene que no hubo delito, la investigación del Ministerio Público busca esclarecer de qué manera se empleó la firma de Órdenes y si hay responsabilidades penales.

“Que la Fiscalía se dedique a encarcelar a los corruptos y a quienes integran el crimen organizado. ¡Ese es el verdadero escándalo!”, concluyó el senador socialista, distanciándose de quienes estiman que el episodio debe derivar en consecuencias judiciales.

Así, mientras Espinoza considera que la controversia quedó atrás con la restitución de los permisos, la causa sigue abierta en la justicia. Allí se deberá determinar si solo hubo una irregularidad administrativa o si pudo cometerse un delito.