La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella criminal contra el senador Juan Luis Castro (PS), por su posible intervención en la tramitación de un documento que habría incluido una firma falsificada de la senadora Ximena Órdenes para revocar su permiso constitucional.
La acción fue presentada este jueves ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y se dirige también contra quienes puedan resultar responsables. Asimismo, pide que se considere el desafuero del parlamentario si se cumplen las exigencias legales.
El episodio comenzó después de que se comunicara que se habían revocado los permisos constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza, quienes estaban en una gira por Asia fuera del país junto al presidente.
El hecho desató polémica en medio del debate del Presupuesto 2027, pues la ausencia de senadores con permiso constitucional afecta el cómputo de los parlamentarios en ejercicio y, en consecuencia, los quórums para votar.
Un permiso que no pidió
De acuerdo con lo señalado en la querella, Castro habría informado o tramitado la revocación de ambos permisos el 17 de noviembre. Ese día, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dio cuenta de lo ocurrido ante la Sala.
Al día siguiente, en cambio, el senador Pedro Araya dio lectura a una carta que Ximena Órdenes había enviado al secretario general del Senado, Luis Rojas.
En la misiva, la senadora sostuvo que no había pedido que se revocara su permiso, ni firmado o remitido un documento para ese fin, y que tampoco había facultado a otra persona para efectuar el trámite por ella.
Más tarde, la presidenta del Senado ratificó que la Mesa y la Secretaría General habían recibido un documento que contenía una firma atribuida a Órdenes. Ese mismo día se restablecieron los permisos de ambos parlamentarios.
Solicitan diligencias
Con estos antecedentes, la Fundación Fuerza Ciudadana pide esclarecer quién confeccionó el documento, de qué manera se añadió la firma de la senadora y quién lo entregó al Senado.
En cuanto a Castro, solicita determinar cuál fue su intervención en la gestión y si sabía cuál era el origen y el contenido del documento.
La querella además plantea que la PDI acuda al Congreso para retirar los documentos originales y reunir otros antecedentes que ayuden a esclarecer los hechos.
Entre los elementos solicitados se cuentan correos electrónicos, archivos digitales, constancias de envío y recepción, además de las grabaciones íntegras de las sesiones del 17 y 18 de noviembre.
La presentación pide igualmente establecer si la revocación de los permisos incidió en el cálculo de los quórums o en las votaciones efectuadas durante la discusión del Presupuesto 2027.





