Chile

hrs

La Contraloría da 10 días a la ministra Lincolao para aclarar el acuerdo con OpenAI

foto Alberto González
Escrito por:Alberto GonzálezPeriodista de Prensa en BioBioChile
foto Nicolás Espinoza Riquelme
Con información de:Nicolás Espinoza RiquelmePeriodista. Subeditor general de Prensa en Radio Bío Bío Santiago

La Contraloría General de la República pidió oficialmente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que informe sobre el acuerdo firmado con la empresa estadounidense OpenAI, tras una solicitud del diputado Jaime Araya. El parlamentario pidió examinar la legalidad del convenio y aclarar posibles compromisos de fondos públicos, aspectos relacionados con la protección de datos y los costos del viaje de la ministra Ximena Lincolao a Estados Unidos.

En un oficio fechado el 18 de noviembre y al que tuvo acceso Bío Bío, la entidad fiscalizadora fijó para el ministerio un plazo de 10 días hábiles administrativos, a contar desde la tramitación completa del documento, para responder a las inquietudes del diputado.

La instrucción dispone que el informe se prepare con la intervención de la asesoría jurídica de la cartera o de un abogado, y que se adjunten todos los antecedentes necesarios para analizar la presentación.

La solicitud de información se originó después de que Araya recurriera a la Contraloría para que se pronunciara sobre el memorándum de entendimiento OpenAI para Chile, que suscribieron el 16 de noviembre en San Francisco la ministra Lincolao y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

En el escrito, el diputado expresó preocupación porque el contenido completo del acuerdo no se ha hecho público y se desconocen su vigencia, los compromisos del Estado y la posible existencia de obligaciones financieras.

Asimismo, solicitó revisar si el convenio está dentro de las competencias legales del Ministerio de Ciencia y si su puesta en marcha debe regirse por las normas de contratación pública.

Costos del viaje y resguardo de datos

Entre los asuntos planteados por Araya figura el viaje oficial de Lincolao a Estados Unidos, donde se firmó el convenio.

El parlamentario requirió información sobre la autorización administrativa del viaje, quiénes integraron la comitiva y cuánto se gastó en pasajes, alojamiento y viáticos. También pidió aclarar si alguna entidad privada pagó parte de esas actividades.

Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00

La presentación plantea, además, dudas sobre el uso de datos personales y la posibilidad de que información sea transferida a otros países mediante herramientas de inteligencia artificial.

También se solicitaron antecedentes sobre un memorándum adicional que el ministerio suscribió con ElevenLabs, compañía dedicada a generar voz con inteligencia artificial.

Araya pidió igualmente que se individualicen todos los acuerdos de este tipo firmados por la cartera con empresas del rubro desde el 11 de marzo de 2026 y que se informe si hubo coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital, organismo dependiente de Hacienda.

Por el momento, la intervención de Contraloría consiste en requerir información; no implica que el organismo ya haya resuelto si los acuerdos son legales.

Un convenio que ya había suscitado dudas

BioBioChile informó que el memorándum con OpenAI busca explorar el uso de herramientas de inteligencia artificial para modernizar el sector público, formar a funcionarios y respaldar emprendimientos tecnológicos nacionales.

Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00

El texto revisado por Bío Bío señala que el acuerdo no es vinculante y no incluye adquisiciones, exclusividad ni acceso automático a sistemas o bases de datos del Estado.

El Ministerio de Ciencia afirmó que la suscripción no genera gastos para el Estado y que las capacitaciones se llevarán a cabo con datos abiertos o sintéticos, sin utilizar información personal de la ciudadanía.

El requerimiento de Contraloría constituye un nuevo episodio de las críticas que ha recibido Lincolao por esta alianza. Araya ya había señalado que se debía establecer si la ministra actuó dentro del marco de sus atribuciones y si los procedimientos previstos para ejecutar el acuerdo cumplen con la ley.

En declaraciones consignadas por BioBioChile, el diputado afirmó que “no cualquier persona puede acceder a datos personales de los chilenos y chilenas” y recalcó que se requieren controles para el eventual uso de estas tecnologías en el Estado.

El Ministerio de Ciencia deberá ahora responder ante la Contraloría, que revisará los antecedentes para decidir si resulta necesario tomar otras medidas.