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Birmania cuestiona la sentencia histórica que ratificó el genocidio contra los rohinyás en 2017

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Escrito por:Bárbara HaasPeriodista Radio Bío Bío
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La información es de:Deutsche WelleMedio de comunicación alemán en convenio de colaboración con BioBioChile

El régimen encabezado por el general golpista Min Aung Hlaing afirmó que "se desvincula de la resolución" del máximo tribunal, pues la considera "selectiva" y "sesgada".

El viernes (20.11.2026), la junta militar de Birmania (Myanmar) repudió el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que el día anterior responsabilizó al país de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la campaña militar de 2017 en el oeste de esta nación del Sudeste Asiático.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores, el régimen sostuvo que el fallo —que exige al Estado investigar los delitos, compensar a las víctimas y permitir el retorno de las personas desplazadas— "se adoptó sin la participación del representante legítimo de Myanmar y, por consiguiente, no refleja la realidad sobre el terreno".

El gobierno de Min Aung Hlaing, el general golpista que encabezaba el Ejército durante el genocidio contra los rohinyás, dijo que "se desvincula de la resolución" por considerarla "selectiva" y "sesgada". Asimismo, el comunicado afirma que "la rechaza categóricamente, junto con sus descripciones y recomendaciones de carácter injerencista".

La causa por las acciones militares de 2017 fue interpuesta por Gambia en 2019 y culminó con un dictamen histórico de la corte de Naciones Unidas: por primera vez desde su creación en 1945, declaró a un Estado responsable de genocidio.

Régimen golpista denuncia supuesta "información fabricada"

Según el Ejecutivo birmano —integrado por los militares que derrocaron a un gobierno democrático en 2021—, estos procesos se apoyan en "informes sin fundamento y parciales, además de información fabricada, con el propósito de politizar los derechos humanos e inmiscuirse en los asuntos internos de otros Estados miembros".

Los magistrados de la CIJ dieron por acreditados asesinatos masivos, violencia sexual y acciones dirigidas a evitar nacimientos. Determinaron que "la única conclusión razonable" para explicar la conducta de las fuerzas birmanas era una "intención de destruir una parte sustancial" de la comunidad, un requisito clave para establecer legalmente que hubo genocidio.

La Corte estableció que las fuerzas de seguridad de Birmania perpetraron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y cometieron actos extendidos de violencia sexual durante las operaciones de 2017.

Los jueces también determinaron que las aldeas rohinyás fueron arrasadas de forma sistemática, reemplazadas por construcciones permanentes y ocupadas posteriormente por personas que no pertenecían a esa comunidad.

Asimismo, concluyó que Birmania no cumplió con su deber de impedir que personas que colaboraban con sus fuerzas de seguridad cometieran genocidio, ni con la obligación de investigar y sancionar esos crímenes y promulgar las leyes requeridas para aplicar la Convención.