El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que responsabiliza a Birmania (Myanmar) del genocidio contra los rohinyá, podría repercutir en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por su operación militar en Gaza. La decisión confirma que ni la existencia de un conflicto armado ni la lucha antiterrorista descartan por sí solas una eventual intención genocida.
“Es el aspecto del fallo que más consecuencias tendrá en futuros procesos por genocidio”, dijo a EFE el jurista internacional Reed Brody.
En 2019, Gambia llevó a Birmania ante la CIJ por las atrocidades contra la minoría musulmana rohinyá. En diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda ante el mismo tribunal, en la que acusa a Israel de infringir la Convención contra el Genocidio.
Israel niega los cargos y sostiene que su ofensiva es una respuesta de “legítima defensa” a los ataques de Hamás en octubre de 2023. Birmania, por su parte, afirmó que sus operaciones de 2017 en el estado de Rakáin fueron una reacción a los ataques del grupo armado rohinyá ARSA, al que califica de terrorista.
Los dos países rechazaron que sus operaciones tuvieran como propósito cometer genocidio.
Terrorismo
Brody señaló que, al desestimar la justificación militar de Birmania, la Corte estableció que “un conflicto armado o un objetivo de seguridad no descartan la intención genocida” y que “pueden coexistir varias intenciones”.
Si bien las operaciones birmanas ocurrieron después de ataques de ARSA, los jueces determinaron que los asesinatos, las violaciones masivas, las agresiones contra menores y la destrucción de poblados no se podían atribuir a una campaña contra la insurgencia.
Este criterio podría tener relevancia en el caso de Israel, aunque la Corte aún debe establecer, a partir de las pruebas, si en Gaza se cometió genocidio.
Desplazamiento y destrucción
La CIJ también descartó que el único objetivo de las operaciones birmanas fuera expulsar a los rohinyá, al comprobar que hubo ataques contra civiles, incluidos niños, mientras escapaban hacia Bangladés.
Los magistrados señalaron que el desplazamiento forzoso puede ocurrir al mismo tiempo que un genocidio.
Sudáfrica ha denunciado desplazamientos a gran escala; Israel sostiene que sus órdenes de evacuación buscan proteger a la población civil.
El tribunal analizó además la destrucción de cientos de aldeas rohinyá y la posterior instalación en esos lugares de bases militares y asentamientos de otras comunidades.
Aunque los dos casos tienen diferencias que deberán analizarse por separado, Sudáfrica también ha denunciado la destrucción extendida de viviendas e infraestructura en Gaza.
Condiciones de vida
Otra cuestión central es si la imposición de condiciones extremas de vida puede constituir genocidio.
La Convención de 1948 prohíbe someter deliberadamente a un grupo a condiciones que busquen provocar su destrucción física. Entre ellas podría estar la privación de alimentos, atención médica o vivienda.
La Corte reconoció que los rohinyá sufrieron discriminación y severas restricciones, pero estimó que no había pruebas suficientes para dar por acreditado ese acto concreto. Aun así, declaró probado el genocidio a partir de asesinatos, graves daños físicos y mentales, y medidas dirigidas a impedir nacimientos.
Sudáfrica ha denunciado la emergencia humanitaria en Gaza y las limitaciones al suministro de alimentos, agua y atención sanitaria.
La intención genocida
Probar que los responsables buscaban destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso es uno de los mayores desafíos en un juicio por genocidio.
Brody destacó que los jueces evaluaron “el patrón general de conducta” —desde “las masacres coordinadas” hasta “las violaciones, las aldeas incendiadas” y los discursos de odio— en vez de considerar cada suceso de manera aislada.
La CIJ determinó que, a la luz de las pruebas, destruir “una parte sustancial” de la población rohinyá era “la única inferencia razonable”.
Asimismo, indicó que el hecho de que Birmania “no aprovechara todas las oportunidades” para destruir a los rohinyá no impedía concluir que existió una intención genocida.
En otras palabras, para que los actos puedan calificarse como genocidio, un Estado no tiene que intentar matar a todos los miembros de una comunidad.
El papel de Facebook
La CIJ analizó una red de 43 páginas de Facebook relacionadas con el Ejército birmano. Investigadores de Naciones Unidas hallaron 10.485 publicaciones de odio en 36 de esas páginas.
En uno de los videos, un soldado se refiere a los rohinyá como “animales” y exhorta a los civiles: “Si pueden llevar una espada, lleven una espada; si pueden llevar un palo, lleven un palo”.
Una publicación distinta llamaba a “afilar incluso los cuchillos de casa” ante una supuesta amenaza musulmana.
La Corte atribuyó esos mensajes al Estado birmano, pero concluyó que no se había probado el delito específico de “incitación directa y pública” al genocidio contra civiles.
Brody recalcó que “esos mensajes contribuyeron al conjunto de pruebas” que permitió establecer la intención genocida, aunque por sí solos no alcanzaran para demostrar ese delito independiente.
El fallo también trata los obstáculos que surgen al investigar si un país bloquea el acceso a las pruebas. La CIJ constató que Birmania impidió la entrada de investigadores y recordó que las normas sobre pruebas pueden aplicarse “con flexibilidad” cuando el Estado controla información relevante.
Brody afirmó que la decisión refleja un cambio en la justicia internacional: “Hemos entrado en una nueva era”, en la que la Corte “cada vez más es un tribunal de derechos humanos”.





