El Tribunal Constitucional (TC) dio por concluida la etapa de observaciones del requerimiento interpuesto por la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile, que pretende impugnar la constitucionalidad de las reglas que rigen la remoción de jueces.
Tras finalizar esta fase, el proceso puede continuar con la presentación de alegatos por las partes.
El requerimiento cuestiona normas del Código Orgánico de Tribunales que regulan esos procedimientos, en el marco de los cuadernos de remoción por viajes al extranjero con licencias médicas.
La abogada de la Asociación, Elisa Walker, señaló que tanto la entidad como el Consejo de Defensa del Estado —que representa a la Corte Suprema en este proceso— presentaron sus observaciones ante el TC.
Walker indicó que el Tribunal Constitucional cerró el período de observaciones y que, posteriormente, podrá convocar a las partes para que expongan sus argumentos en los alegatos correspondientes.
Con esta etapa finalizada, el proceso queda a la espera de que el tribunal cite a ambas partes para presentar sus alegatos.
No obstante, un eventual fallo favorable a los magistrados no necesariamente repercutiría en los procesos de remoción que actualmente se encuentran en curso en la Corte Suprema.
Así lo explicó Felipe Lizama, académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, quien precisó que el requerimiento de inaplicabilidad se vincula con un caso laboral particular y no busca derogar las normas impugnadas con alcance general.
En consecuencia, señaló el especialista, una decisión favorable impediría aplicar esas disposiciones únicamente en el juicio laboral que originó el requerimiento, pero no anularía los cuadernos de remoción ni los acuerdos tomados por el pleno de la Corte Suprema.
Lizama sostuvo que una sentencia favorable solo impediría que el juez laboral aplicara esos artículos en el proceso de tutela laboral. A su juicio, la decisión no afectaría los cuadernos ni invalidaría los acuerdos del pleno, y no tendría efectos concretos que obstaculizaran la tramitación de la remoción.
El académico añadió que la atribución para remover jueces también está consagrada directamente en la Constitución, específicamente en el artículo 80. Por ello, estima poco probable que una eventual declaración de inaplicabilidad de las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales impida llevar adelante esos procedimientos.





