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Diputado Soto confirma respuesta del ministro sobre Rabat, pero advierte que aún faltan decretos

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Escrito por:Lindy SandovalPeriodista de Prensa en BioBioChile
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La información es de:Gonzalo OlguínPeriodista Radio Bío Bío Valparaíso. Corresponsal en Congreso Nacional

El diputado Raúl Soto (PPD) informó este sábado que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ya presentó sus descargos frente a la acusación constitucional en su contra. Soto, quien encabezará la comisión revisora, señaló que el ministerio todavía no ha remitido todos los decretos de rebaja de condena requeridos por la instancia.

La comisión tendrá una sesión este lunes a las 16:00 horas. Para esa jornada fueron citados, entre otros, Rabat, el exsubsecretario de Justicia Luis Silva y el subsecretario de Derechos Humanos en ejercicio, Pablo Mira.

Además, se invitó al exministro de Justicia Jaime Gajardo y a Alejandro Romero, abogado y académico de la Universidad de los Andes.

Soto señala que aún no recibe el registro íntegro de decretos

El parlamentario afirmó que continúan pendientes tanto el listado completo como las copias de los decretos de rebaja de condena suscritos por el actual gobierno, antecedentes que la comisión pidió a través de un oficio. Soto sostuvo que, al entregar esos documentos, debe protegerse la identidad de las víctimas.

“Esto resulta indispensable para que la comisión pueda trabajar correctamente y con transparencia, algo que hasta ahora no ha sucedido”, concluyó.

Los tres puntos de la acusación contra Rabat

La acusación atribuye una posible responsabilidad política a Rabat por la firma de decretos que redujeron las penas de 56 personas condenadas por delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad.

El primer punto argumenta que las rebajas podrían haber infringido la legislación nacional y los tratados internacionales sobre protección de la infancia. El segundo objeta los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad, debido a un supuesto incumplimiento de las exigencias del Estatuto de Roma.

El tercer punto sostiene que pudo vulnerarse el deber de probidad, a raíz de la presunta entrega de información falsa o imprecisa al Congreso.