La Contraloría General de la República defendió ante el Tribunal Constitucional la legalidad del decreto del Ministerio de Vivienda que introduce cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Un grupo de parlamentarios lo impugnó, al estimar que podría afectar la autonomía municipal.
La presentación cuestiona modificaciones a las reglas de construcción y planificación urbana, entre ellas el cálculo de viviendas por terreno, los requisitos de estacionamiento y las condiciones para obtener mayores beneficios de constructibilidad y altura.
Según los diputados, el decreto sobrepasa las atribuciones del Gobierno y modifica normas de los planes reguladores comunales sin seguir los procedimientos que establece la ley.
La Contraloría, en cambio, sostuvo que los cambios no modifican oficialmente los planes reguladores ni sustituyen las competencias municipales. A su juicio, se trata de criterios generales que deben regir conforme a la legislación urbanística.
Pilar Giménez, directora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de Los Andes, señaló que establecer criterios no priva a los municipios de sus facultades respecto de los planes reguladores.
La entidad reconoció que, durante el proceso de revisión, hizo observaciones al Minvu sobre varios puntos del decreto, como los coeficientes de habitantes por vivienda, la reducción de estacionamientos y las reglas para reconstruir en áreas afectadas por catástrofes.
A raíz de esas observaciones, el Ministerio de Vivienda ajustó y suprimió algunas normas, tras lo cual la Contraloría tomó razón del decreto el primero de octubre.
Al cierre de su análisis, el organismo fiscalizador determinó que las disposiciones impugnadas tienen sustento legal y que no se concretan las infracciones constitucionales alegadas, por lo que defendió la normativa ante el Tribunal Constitucional.





