Tras la defensa que presentó la Contraloría ante el TC de las modificaciones del Gobierno a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, autoridades municipales y regionales advirtieron que la reforma podría volver a generar los llamados “guetos verticales” y agravar la densidad inmobiliaria en varias comunas de la capital.
En un documento de 13 páginas, la Contraloría sostuvo que el Decreto Supremo 68 no infringe la Constitución. El organismo argumentó que la norma no altera los planes reguladores comunales ni los límites de densidad establecidos por los municipios.
La entidad afirmó, en cambio, que el decreto incorpora nuevos elementos para determinar la cantidad de viviendas que pueden construirse en un terreno. También señaló que la ley ya contempla los beneficios de mayor altura para los conjuntos armónicos.
La Contraloría respondió así al requerimiento ingresado el 26 de octubre por 46 parlamentarios de oposición, liderados por Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Tatiana Urrutia (Frente Amplio).
También respaldaron la presentación el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego. Ambos calificaron la medida del Gobierno como un uso excesivo de sus atribuciones reglamentarias y una vulneración de la autonomía municipal.
Orrego, quien en 2017 acuñó la expresión “guetos verticales” para describir las torres de alta densidad de Estación Central, expresó su desacuerdo con la postura de la Contraloría. A su parecer, el asunto debía ser revisado por el TC y la medida sigue siendo inconstitucional; además, sostuvo que la densidad no puede incrementarse “mediante un decreto.
“Me parece muy difícil justificar que se busque elevar la densidad de toda una ciudad mediante un decreto, en lugar de hacerlo a través de la planificación”.
Las objeciones también surgieron desde la derecha. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, independiente próximo a la UDI, criticó la modificación a partir de la experiencia de su comuna, afectada por una crisis inmobiliaria y la expansión de edificios de alta densidad.
“A mi juicio, debió tomarse en cuenta la densidad actual de las comunas. ¿Cómo se puede modificar la normativa sin perjudicar a aquellas que ya tienen sus servicios básicos de salud y educación sobrepasados por un cambio poblacional considerable?”.
Por su parte, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, aunque respalda el crecimiento, también cuestionó la medida que abre la posibilidad de aumentar la densidad inmobiliaria en comunas que han enfrentado dificultades en ese ámbito.
“Sin embargo, no estamos de acuerdo con que se autorice construir más viviendas, incrementar la superficie edificada y levantar torres más altas antes de analizar sus efectos en los barrios”.
La Contraloría dio curso al decreto el 1 de octubre, luego de que el Minvu modificara la versión inicial para atender sus observaciones.
Entre los cambios se incluyó suprimir el coeficiente de dos habitantes por vivienda. Los proyectos que ya contaban con permiso podrán aplicar las nuevas disposiciones durante los próximos dos años, con un incremento de hasta 20% en la superficie.
El Tribunal Constitucional deberá ahora resolver el fondo del requerimiento, aunque todavía no hay una fecha definida para el fallo.
La información es de Emilio Schwarz




