Primero fue un colaborador cercano de la dictadura. Más tarde, se convirtió en académico y enseñó defensa y seguridad en Estados Unidos. Actualmente está recluido en Colina I. Jaime García Covarrubias, quien fue el último subsecretario general de Gobierno de Augusto Pinochet y brigadier en retiro del Ejército, inició una nueva ofensiva judicial. Esta vez no se dirige contra quienes lo acusaron, sino contra los jueces que revocaron su absolución y lo condenaron por el secuestro y desaparición de Jaime Eltit Spielmann, integrante de la Juventud Radical en los años 70.
Mientras cumple una condena de siete años, el exmilitar, vinculado a la contrainteligencia de la DINA, presentó una querella por prevaricación contra los tres magistrados que cambiaron el fallo absolutorio. Sostiene que incurrieron en graves irregularidades al condenarlo.
Esta nueva acción judicial se enmarca en una historia que se remonta a septiembre de 1973, en el Regimiento Tucapel de Temuco. En ese recinto se interrogaba y torturaba a prisioneros políticos. Diversos testigos ubicaron allí a García Covarrubias: en ocasiones con uniforme de gala y, otras veces, desplazándose de noche entre los detenidos.
La denuncia está ahora en manos de la Fiscalía y tiene como fiscal a una figura inesperada para la defensa: Ximena Chong.
Jaime García Covarrubias: del gobierno de Pinochet al Pentágono
Jaime García Covarrubias desarrolló su carrera en el Ejército hasta alcanzar un cargo de autoridad durante los últimos años de Augusto Pinochet. Fue subsecretario general de Gobierno desde noviembre de 1988 hasta marzo de 1990, en el periodo de transición democrática.
Sin embargo, su relación con el régimen se había iniciado mucho antes.
En 1973 era teniente y ayudante del comandante del Regimiento Tucapel, el coronel Pablo Iturriaga Marchesse. Trabajaba cerca del mando militar y cumplía labores vinculadas con la Fiscalía Militar que operaba en el recinto.
Su hermano menor, Raimundo García Covarrubias, también se encontraba allí como subteniente del Ejército. Ambos acabarían relacionados con investigaciones sobre crímenes contra prisioneros políticos en Temuco.
El golpe de Estado dio inicio a una trayectoria que llevó a Jaime García a ocupar puestos de alto nivel durante la dictadura. Tras el retorno a la democracia, prosiguió su carrera militar y académica. Entre 1995 y 1997 estuvo al mando de la Academia de Guerra del Ejército. Más adelante, su trayectoria continuó en el extranjero.
A partir de 2001 se vinculó con el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de la National Defense University, entidad relacionada con el Pentágono de Estados Unidos. Allí impartía clases sobre estrategia, seguridad y relaciones entre civiles y militares.
Pero su pasado volvió a alcanzarlo. En 2013, una orden judicial que le prohibía salir de Chile le impidió regresar a Washington. Su contrato concluyó en febrero de 2014.
Los delitos cometidos en el Tucapel
El abogado y militante de la Juventud Radical Jaime Eltit Spielmann fue detenido en Santiago el 13 de septiembre de 1973. Algunas semanas después fue trasladado al Regimiento Tucapel de Temuco. Allí lo vieron con claras señales de maltrato. Su rastro se perdió el 13 de octubre y nunca volvió a aparecer.
La investigación judicial determinó que en el recinto militar operaba un sistema de detención, interrogatorio y tortura de prisioneros políticos. Varios testigos situaron a Jaime García Covarrubias dentro de esa estructura.
Entre los testimonios más duros está el de Herman Carrasco Paul, sobreviviente del Regimiento Tucapel. De acuerdo con la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, declaró que García Covarrubias lo torturó a rostro descubierto y que, una de esas noches, llevaba uniforme de gala y una fusta.
El sobreviviente lo identificó durante un careo judicial en septiembre de 2010. Otros testimonios también contribuyeron a establecer sus movimientos.
El cabo primero Juan Labraña Luvecce lo incluyó entre los oficiales con acceso al gimnasio donde mantenían encerrados a los detenidos. Por su parte, Héctor Muñoz Garrido declaró que García Covarrubias y otro oficial se desplazaban de noche por asuntos relacionados con los prisioneros.
García Covarrubias ha negado haber intervenido en los interrogatorios, y su defensa ha impugnado varias de esas declaraciones.
En la causa por Eltit, el ministro en visita Alejandro Madrid inicialmente acogió la postura del exmilitar. Tras investigar durante años, el 9 de febrero de 2017 lo absolvió al concluir que no había pruebas suficientes para establecer su participación en el secuestro.
La causa parecía haber llegado a su fin, pero no fue así.
En noviembre de 2020, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago dejaron sin efecto la absolución y lo sentenciaron a siete años de presidio como autor del secuestro calificado de Eltit. A juicio de los magistrados, los testimonios y los demás antecedentes acreditaban su vínculo directo con la detención, los interrogatorios y las torturas ocurridas en el regimiento.
En marzo de 2023, la Corte Suprema desestimó los recursos de la defensa y dejó firme la condena.
—Es una situación injusta; basta leer la sentencia. Pero ya está. Quienes la suscribieron son los que deberían avergonzarse (…) Algún día se estudiarán estos fallos en las escuelas de derecho, para vergüenza de quienes los firmaron —escribió en una carta dirigida a familiares y amigos en 2023.
Otras causas contra el exbrigadier
Caso Polvorín: García Covarrubias y su hermano Raimundo fueron procesados por la muerte de siete prisioneros políticos, asesinados el 10 de noviembre de 1973 en el Regimiento Tucapel. Al principio, sus muertes se atribuyeron a un supuesto ataque al polvorín.
En junio de 2025, la Corte de Apelaciones de Temuco condenó a Jaime a 12 años y seis meses de cárcel como cómplice de los siete homicidios, además de imponerle siete penas de 50 días por apremios ilegítimos. Sin embargo, el fallo todavía no es definitivo, pues la causa está pendiente de resolución en la Corte Suprema.
Caso Rubén Morales Jara: el exmilitar también fue investigado por el asesinato de un profesor de Matemáticas y militante del MIR, muerto a manos de una patrulla militar en septiembre de 1973. En primera instancia recibió una condena de cinco años como cómplice, pero en 2021 la Corte de Temuco lo absolvió. La Corte Suprema confirmó esa absolución en mayo de 2025.
Los magistrados, bajo cuestionamiento
Más de tres años después de que la Corte Suprema confirmara la condena por el secuestro de Eltit, García Covarrubias respondió con una querella de capítulos contra los tres integrantes del tribunal de alzada de Santiago que lo sentenciaron: Miguel Vásquez Plaza, Elsa Barrientos Guerrero e Inelie Durán Madina.
Les atribuye un cuasidelito de prevaricación judicial. En otras palabras, afirma que los magistrados incumplieron gravemente sus obligaciones al condenarlo sin observar las normas legales para valorar las pruebas.
La defensa centra su argumento en un punto: el expediente que sirvió para absolverlo en 2017 fue utilizado nuevamente para condenarlo en 2020, sin que se sumaran nuevos antecedentes determinantes, según expone la querella a la que tuvo acceso este medio.
También pone en duda que se recurriera a declaraciones de otras investigaciones, en particular las del Caso Polvorín, y sostiene que los jueces no evaluaron debidamente testimonios que habían sido rectificados o eran controvertidos.
Consultado por BioBioChile, Ricardo Bravo Cornejo, abogado de García Covarrubias, confirmó la presentación de la acción judicial y explicó: “Mi representado fue absuelto por el juez que investigó los hechos, quien no consideró acreditada su participación en el delito. Después, la Corte de Apelaciones revocó esa decisión, lo declaró responsable penalmente y le impuso siete años de presidio”.
El abogado recalca que la querella no busca sancionar a los jueces por el solo hecho de haber interpretado las pruebas de manera distinta.
“No queremos convertir en delito una discrepancia sobre la interpretación judicial. La cuestión que planteamos es si se cumplieron los requisitos legales en materia probatoria para llegar a esa condena”, sostuvo.
La fiscal Ximena Chong a cargo de la investigación
El 22 de octubre de 2026, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella, y la jueza Carla Cappello dispuso que los antecedentes fueran enviados al Ministerio Público.
Este medio pudo confirmar que la causa quedó a cargo de una fiscal reconocida por investigar asuntos de alta complejidad: Ximena Chong, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, donde “ya está en desarrollo el trabajo investigativo”.
“La única comunicación que hemos tenido hasta ahora del Ministerio Público provino de la fiscal Ximena Chong. Entendemos que está examinando los antecedentes de la querella”, señaló Bravo Cornejo, quien valoró que comenzara la indagatoria y reconoció que será compleja y sensible.
“No esperamos que el Ministerio Público adopte de antemano nuestra interpretación jurídica. Lo que pedimos es que analice los antecedentes y establezca si las actuaciones denunciadas podrían constituir un delito”, agregó.
En este contexto, la defensa espera “una investigación objetiva, seria e independiente que permita esclarecer los hechos que hemos presentado ante la justicia”.
Si la investigación de Chong permite confirmar que hubo irregularidades que influyeron en la sentencia, el abogado indicó que evaluarán “los mecanismos extraordinarios que contempla nuestro ordenamiento jurídico para revisar sus consecuencias”.




