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El Tablón
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El exsenador Alejandro Navarro, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, y los consejeros regionales Larry Sandoval y Yasna Jaramillo analizaron las medidas del Gobierno para enfrentar el alza de los combustibles. La discusión también abordó la falta de autoridades titulares, el desempleo y los desafíos de inversión en la Región del Biobío.
El impacto económico del alza de los combustibles y el paro de transportistas concentró gran parte del debate en una nueva edición de El Tablón, programa de análisis político de Canal 9 Bío Bío Televisión, donde representantes de distintos sectores confrontaron sus posturas respecto al manejo de la crisis por parte del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
El encuentro estuvo marcado por las negociaciones desarrolladas en La Moneda, encabezadas por el ministro Claudio Alvarado, que permitieron alcanzar un acuerdo con gremios del transporte. Entre las medidas anunciadas se encuentran una rebaja de $142 por litro de diésel, modificaciones a la devolución del impuesto específico y la suspensión de nuevas alzas hasta el 31 de marzo de 2027.
Durante la conversación, el exsenador Alejandro Navarro cuestionó la respuesta del Ejecutivo, advirtiendo sobre las consecuencias del encarecimiento de los combustibles para la clase media y distintos sectores del transporte. Asimismo, vinculó la crisis con el complejo escenario laboral que enfrenta la Región del Biobío, donde se refirió a una tasa de desocupación del 10,6%.
Por su parte, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, calificó como "erráticas" las primeras decisiones del Gobierno, enfatizando que el problema no se limita al transporte de carga, sino que también perjudica a actividades productivas relevantes para la economía regional.
En ese contexto, el jefe comunal puso especial atención en la pesca artesanal, asegurando que el costo del combustible para una embarcación puede alcanzar los ocho millones de pesos por zarpe, situación que afecta directamente la rentabilidad del sector y los ingresos de las familias que dependen de esta actividad.
Saavedra también manifestó preocupación por la fragmentación de las organizaciones de transportistas, considerando que algunos gremios quedaron fuera de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.
Desde una postura favorable a la gestión gubernamental, la consejera regional Yasna Jaramillo defendió las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, argumentando que el incremento de los combustibles responde principalmente a factores internacionales asociados a la crisis en Medio Oriente.
En esa línea, valoró los acuerdos alcanzados con los transportistas y sostuvo que las medidas buscan enfrentar las consecuencias económicas sin comprometer la responsabilidad fiscal.
Una visión similar expresó el consejero regional y dirigente de la UDI, Larry Sandoval, quien destacó las gestiones del ministro Claudio Alvarado para avanzar en una solución al conflicto.
No obstante, planteó la necesidad de revisar el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), además de impulsar una mayor diversificación energética para disminuir la dependencia de los hidrocarburos.
En el segundo bloque, la discusión se trasladó a la contingencia política regional, particularmente a la necesidad de resolver los nombramientos pendientes en organismos estratégicos para el desarrollo del Biobío.
Uno de los puntos abordados fue la continuidad del delegado presidencial regional subrogante, Juan Pablo Mellado, cuya gestión durante las movilizaciones de transportistas generó distintas evaluaciones entre los panelistas.
Mientras Yasna Jaramillo respaldó su desempeño en terreno y se mostró favorable a su ratificación, Larry Sandoval señaló que la UDI ha presentado alternativas para el cargo e insistió en la importancia de concretar prontamente las designaciones y eventuales ajustes al gabinete regional.
En tanto, Eduardo Saavedra cuestionó los efectos que genera la prolongación de las subrogancias en instituciones como la Delegación Presidencial y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), especialmente frente a proyectos de conectividad, infraestructura y educación que requieren decisiones oportunas.
La conversación también abordó la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional del Biobío, las consecuencias de los ajustes fiscales en áreas como salud y educación, y la necesidad de acelerar iniciativas de inversión que permitan enfrentar la desocupación y dinamizar la economía local.
De esta manera, el debate dejó en evidencia las diferencias respecto a la gestión de la crisis de combustibles, pero también instaló una preocupación transversal por la capacidad de respuesta institucional y los desafíos económicos que enfrenta la región.

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