La fiscal Ana María Aldana, a cargo del caso Crudo Iraní, criticó las bajas penas para los delitos ambientales. Según la persecutora, la gravedad de las consecuencias por la contaminación no se condicen con las sanciones asignadas por la ley y que no implican la cárcel para los condenados.
Fue justamente la sanción menor que enfrentan los ejecutivos de Enap formalizados por las emergencias ambientales el año pasado en Talcahuano y Valparaíso, lo que impidió al Juzgado de Garantía acoger la prisión preventiva solicitada por los querellantes.
Al respecto, la fiscal a cargo del llamado caso Crudo Iraní, Ana María Aldana, reiteró tras el término de la audiencia de formulación de cargos, este sábado, lo que ya había señalado el jueves, cuando interviniendo ante el tribunal criticó la baja pena que arriesgan los empleados públicos si llegaran a ser condenados.
En el tercer día de formalización contra los gerentes y jefaturas de Enap estuvo presente el diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, quien en los últimos años ha denunciado distintas situaciones en la compañía estatal, entre ellas la pérdidas de miles de millones de dólares.
Sobre la responsabilidad de los legisladores en que se mantengan las bajas penas por el daño al medioambiente, el parlamentario coincidió y comprometió un proyecto de ley para aumentar las sanciones.
El máximo de las penas que arriesgan los ejecutivos de Enap, en caso de ser declarados culpables por los episodios de Talcahuano y Quintero-Puchuncaví en agosto de 2018, llega a los 5 años de cárcel con beneficios para cumplir en libertad la sanción, pero si se consideran atenuantes la sanción no superaría incluso los 3 años.
