Fue en nombre de alrededor 150 vecinos, principalmente del centro de Concepción, que se presentó la acción legal por parte de un grupo de abogados contactados por los afectados.
La denuncia y el principal argumento del recurso es que las bombas lacrimógenas y los gases podrían estar poniendo en riesgo no sólo la vida de las personas, en cuyas casas han caído los artefactos, sino también la salud, explicó el abogado Francisco Ortega, de la ONG Defensa Ambiental.
