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05 September 2025 | 19:59
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El primer defensor en intervenir durante la cuarta jornada de formalización del llamado caso Puerto Coronel, fue el abogado, Alejandro Espinoza, quien representa al fundador de la compañía, Eduardo Hartwig. Este último, formalizado por soborno, administración desleal y delitos tributarios, donde la Fiscalía y los tres querellantes exigen su prisión preventiva.
Al respecto, el jurista calificó como "desproporcionada" la prisión preventiva para su cliente, no obstante, los 61 años de cárcel que arriesgaría, según el Ministerio Público, por los cargos ya formulados por la Fiscalía.
En ese sentido, la defensa de Hartwig, indicó que su representado reconoció los pagos hacia el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, ya que este último necesitaba "aportes" para realizar "obras" o "donaciones" a personas de la comuna.
A su vez, añadió que "ninguno de estos pagos" tuvo como objetivo obtener algún beneficio, ya sea para la compañía o el ejecutivo, o generar un perjuicio al patrimonio público.
Si no, más bien se trata de una solicitud del alcalde a la que su representado "accedió".
Respecto a los pagos al, ahora, exconcejal Eduardo Araya, la defensa de Hartwig complementó que los pagos tienen que ver con que el edil tenía un rol como asesor del presidente del directorio de Puerto Coronel, incluso desde antes de llegar al concejo municipal, dado que los pagos mensuales se originaron en 2016. ¿Su fin? Informar antecedentes "de interés" para el puerto con foco en la comuna y la región.
Por la querellante, el Consejo de Defensa del Estado, el abogado, Georgy Schubert, señaló que si un funcionario público recibe dineros de particulares "se constituye el delito", en este caso el cohecho.
En lo político, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, fustigó al Partido Socialista, dada la solicitud de prisión preventiva de la cual se sumó el CDE para el alcalde Chamorro.
Se estima que durante la tarde pueda intervenir el defensor del jefe comunal, Waldo Ortega.
En tanto, el representante de Hartwig, apela a la colaboración en la investigación por parte de su cliente. Y que el delito de administración desleal corresponde a una pugna empresarial, tras la llegada del nuevo directorio, dada, a su juicio, por una "falsa" y "calumniosa" afirmación de la compañía.