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14 May 2025 | 21:01
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La unidad de investigación de Biobío revela que tres convenios vinculados a ProCultura están bajo la lupa en la región: uno por 170 millones de pesos para diagnóstico socio cultural en campamentos, otro por 48 millones para proyectos comunitarios y ¡atención! uno por 2 mil 500 millones con el ex gobernador Rodrigo Díaz. Diputados acusan posible fraude al fisco y tráfico de influencias, con 13 personas, incluyendo la seremi de Vivienda, intervenidas. Autoridades se defienden, prometiendo colaborar con la justicia.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesMás de una decena de personas, entre ellas autoridades, fueron intervenidas en sus comunicaciones en medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el caso convenios en la arista ProCultura en la región del Biobío. Entre ellas figuran la actual seremi de Vivienda, Claudia Toledo y el ex gobernador regional, Rodrigo Díaz y varios de sus asesores más cercanos.
Según la información revelada por la unidad de investigación de Biobío son tres los convenios que están siendo investigados en la región que involucran a ProCultura. Uno por más de 170 millones de pesos por realizar un diagnóstico socio cultural de campamentos en Talcahuano y Coronel.
Se suma otro por 48 millones de pesos por un Diagnóstico Territorial para la ejecución de proyectos de inversión y equipamiento comunitario y otro por 2 mil 500 millones de pesos con el Gobierno Regional del Biobío que lideraba en ese entonces Rodrigo Díaz, en el marco del convenio competitividad de oferta turística creativa por el que se alcanzaron a pagar mil 500.
A juicio del diputado de la DC, Eric Aedo, el ex gobernador Rodrigo Díaz, en sus declaraciones que se conocieron por el caso procultura donde se refiere a conversaciones con Alberto Larraín dan cuenta de una verdadera maquinaria.
Esta situación motivó que la Fiscalía investigara estos hechos por un posible fraude al fisco y tráfico de influencias donde se intervinieron las comunicaciones telefónicas de 13 personas, entre ellas la actual seremi de vivienda, Claudia Toledo, el ex gobernador Rodrigo Díaz, dos ex directores del Serviu y varios funcionarios asesores de estos.
La diputada de la UDI, Flor Weisse, espera que todos estos hechos se aclaren y se investigue hasta las últimas consecuencias.
La solicitud de intervención de los teléfonos de las autoridades la realizó el fiscal adjunto de la unidad de análisis criminal y focos investigativos de la fiscalía regional de Coquimbo, Ricardo Soto, quien trabaja con el Fiscal Patricio Cooper.
Consultado el Gobernador Regional del Bío Bío, Sergio Giacaman, dijo que no existe margen para caer en las prácticas que están siendo investigadas por la justicia.
Desde la seremi de Vivienda en el Biobío, indicaron que la autoridad no sabía de la intervención de sus comunicaciones y reiteraron la total disposición con la justicia.
Si bien se están realizando estas investigaciones e incluso se hicieron incautaciones en su momento en la seremi de Vivienda, por el momento esta arista del caso convenios en el Biobío se desarrolla de manera desformalizada.