Sergio Giacaman exige “que la justicia actúe con firmeza“ por deudas de ProCultura en Lota

“Que la justicia actúe con firmeza” y que organizaciones como ProCultura “nunca más” estén a cargo de convenios con el Estado, dijo el gobernador regional de Biobío, Sergio Giacaman, tras conocerse que la fundación adeuda cotizaciones previsionales a 54 trabajadores despedidos en Lota.

Cabe recordar que la causa en cuestión se encuentra en el Juzgado de Letras de dicha comuna.

Se trata de una demanda presentada por 54 trabajadores del Circuito Lota Patrimonial, entre guardias, exmineros y jardineros; entre otros, que fueron despedidos por ProCultura en diciembre de 2023 y que hasta la fecha, se adeudan previsiones e indemnizaciones, cuyo monto, en total, según la demanda, supera los 180 millones de pesos.

A su vez, cuestionó que su antecesor, Rodrigo Díaz, no tramitara una demanda contra la fundación.

Otra de las aristas, a nivel local, tiene que ver con la investigación de la Fiscalía sobre un eventual financiamiento desde la fundación a campañas políticas y que en el caso de Lota, se apunta a la candidatura de Elizabeth Aguilera, actual presidenta de la Mesa de Patrimonio, Cultura y Turismo de esa comuna, quien postuló a la convención constituyente en 2021, donde según información publicada por BBCL investiga, recibió un único depósito por un millón de pesos.

Sobre ello, el diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, espera que se realice una investigación “acuciosa” sobre otros casos que pudieran replicarse en la región.

A nivel local, Gastón Lorca, artesano y presidente de la organización cultural Filtro, describió el modus operandi que habría desarrollado Alberto Larraín, creador de ProCultura, para obtener recursos vía proyectos desde el Gobierno Regional, recordando que dichos fondos no se han rendido del todo.

Cabe recordar que los cuestionamientos de la fundación también están relacionados con el mantenimiento de los recintos pertenecientes al Circuito Lota.

Esto, ya que el Museo Minero estuvo cerrado los cinco años durante su administración y la Mina Chiflón del Diablo, pese a su reapertura, mantuvo problemas de infraestructura, conectada a la electricidad mediante un generador y con denuncias por contaminación en playa La Conchilla.