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Justicia envía a abogado penquista a la cárcel y le prohíbe ejercer la profesión durante 12 años

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El abogado Carlos Donoso fue condenado a 4 años y medio de cárcel por apropiación indebida en dos casos, uno por 5 millones de pesos y otro por 60 millones. Además, se le prohibió ejercer su profesión por 12 años y deberá devolver el dinero a una de las víctimas. Su defensa apelará la sentencia argumentando la severidad de las penas y la imposibilidad de cumplirlas en libertad. La demanda civil por 60 millones fue rechazada al considerarse prescrita.

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Una drástica sanción de pena efectiva de cárcel y la inhabilitación para ejercer la profesión dictó el Tribunal Oral de Concepción contra un abogado penquista condenado por los delitos de apropiación indebida y prevaricación. Los jueces consideraron en su sentencia una causa anterior por los mismos hechos y por lo tanto una conducta dolosa reiterativa.

Fueron dos querellas las que enfrentó Carlos Donoso, acreditando la Fiscalía que el abogado no entregó a igual número de clientes dineros obtenidos en senadas demandas; en el primer caso por 5 millones de pesos y el segundo por 60 millones.

Fue llevado a juicio por dos delitos, de apropiación indebida y prevaricación, siendo condenado Donoso a 4 años y medio de cárcel efectiva por el primero, pena que el abogado Gonzalo Arriagada destacó, por su cliente y víctima Sergio Castro, al subrayar en los antecedentes criminales previos que tiene el condenado.

Además, por el delito de prevaricación los jueces del Tribunal Oral de Concepción decretaron la drástica sanción que prohíbe a Carlos Donoso a ejercer su profesión durante 12 años, inhabilitación total por las dos apropiaciones, lo que fue calificado como insólito por el mismo querellante.

La defensa del condenado, a cargo del abogado Juan Claudio Sandoval, adelantó que recurrirá de nulidad ante el máximo tribunal, considerando no sólo lo severo de las penas sino además que no se permitiera el cumplimiento en libertad.

Sobre los dineros apropiados ilegalmente, la justicia decretó la devolución respecto de sólo una de las víctimas, la de los 5 millones de pesos, mientras que la demanda civil por 60 millones fue rechazada al ser declarada prescrita.