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05 September 2025 | 19:59
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Histórico decomiso de medicamentos en tres regiones del país tras operativo de la PDI y Fiscalía. Veinte detenidos por red criminal dedicada a venta ilegal de fármacos, incluidos controlados por Ley 20.000. Incautadas 50 toneladas de medicamentos, $100 millones en efectivo y 13 vehículos. Descubiertas 200 ampollas de fentanilo. Dueños de droguerías entre los detenidos. Riesgo para la salud pública por venta ilegal de productos farmacéuticos.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesUn decomiso histórico de medicamentos se registró en tres regiones del país. Los fármacos eran enviados desde Santiago a Ñuble y Biobío. La diligencia desarrollada por la Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía, dejó una veintena de personas detenidas, integrantes de esta red criminal.
De momento, los medicamentos incautados se calcularon en 50 toneladas, pero la cifra subirá debido a que todavía hay una bodega por revisar. También se incautaron 100 millones de pesos en efectivo y 13 vehículos.
Esto es el resultado de una investigación desarrollada por la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble y de la Brigada Antinarcóticos (Brianco) de la PDI de Chillán, que logró desarticular esta banda que se dedicaba a la venta ilegal y clandestina de fármacos, incluidos algunos controlados por la Ley 20.000, como el tramadol, alprazolam o clonazepam.
De esa forma, se allanaron 32 viviendas y bodegas, y en uno de los inmuebles se encontraron 200 ampollas de fentanilo. En la diligencia participaron 150 detectives.Dinero incautado en procedimiento (PDI)
En total, fueron 20 las personas detenidas en las regiones Metropolitana, Ñuble y Bío Bío, los que enfrentarán cargos por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y comercio ilegal y clandestino.
Esta investigación comenzó en 2024, cuando se detectó un punto de venta en el sector “La Pérgola” del Mercado Central de Chillán. Según expuso el jefe de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble, Rolando Canahuate Ronda, los sujetos cumplían diferentes roles. Mientras unos comercializaban los medicamentos, otros se encargaban de dar aviso de la presencia policial o de inspectores municipales, y otros trasladaban los fármacos a los puntos de acopio.
Los medicamentos controlados por la ley 20.000 los mantenía escondidos en sectores cercanos para evitar las detenciones en flagrancia.
En tanto, la fiscal de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, precisó que “la identificación de ese punto de venta permitió luego seguir la ruta del delito para identificar a proveedores regionales y también nacionales, que enviaban los medicamentos por encomienda desde Santiago”. Añadió que con la interceptación de los celulares y el análisis de las cuentas bancarias se determinó la existencia de más de una estructura criminal, pero relacionadas entre sí, dedicadas a este negocio ilícito.
Es por ello que calificó de “un golpe” que se lograra desbaratar esta red criminal, sobre todo considerando el hallazgo de fentanilo en uno de los domicilios.
Sobre la incautación, el jefe de región policial de Ñuble de la PDI, prefecto inspector Enrique Zamora, indicó que “se trata de miles de unidades de medicamentos controlados por la Ley 20.000 y que se vendían en el comercio ilegal sin ningún tipo de control”.
También recalcó que se acreditó que los proveedores de Santiago no solo abastecían a los imputados de Ñuble, sino también a los de otras regiones, y que, incluso, entre los detenidos hay dueños de droguerías ubicadas en San Miguel, La Granja, Santiago, La Pintana y Lo Espejo, algunas de las cuales funcionaban sin autorización del Instituto de Salud Pública”.
En esa misma línea, el jefe de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble, Rolando Canahuate Ronda, explicó que “se logró individualizar empresas que, aprovechando que mantienen un rol tributario y algunas de ellas autorización del Instituto de Salud Pública, adquirían los fármacos directamente desde los laboratorios y comercializaban los productos tanto a feriantes como a proveedores”.
Por su parte, el jefe de la Sección y Control de Comercio Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública (ISP), Sebastián Riquelme Vilches, advirtió sobre el riesgo a la salud pública en la comisión de este ilícito, ya que “se trata de productos farmacéuticos controlados y no sujetos a control, pero cuya venta clandestina e ilegal atenta contra la salud pública, al no ser recetados por especialistas”.
Además, precisó que la cantidad de medicamentos incautados podría subir debido a que todavía queda una bodega por revisar. “Lo que se estima que está adentro de la bodega, que todavía no se termina de destruir, es que sea 4 veces lo que ya hay”.
Los imputados por delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita son Susana Carrasco Ocampo, Michel Acuña Contreras, Sebastián Leiva Quevedo, Gonzalo Rojas Salas, Raquel Muñoz Ríos, Katalina Quiroz Muñoz, Jeremy Abatte Godoy, Antonio Fecci Sánchez, Marcela Durán Urrea, Alejandro Hormazábal Castro, Jorge González Bravo y Clara Galaz Fernández. Los dos primeros quedaron en prisión preventiva. Se trata de los líderes de una estructura criminal de Santiago propietaria de farmacias y que distribuía a proveedores de la capital y de regiones.
Por delitos de microtráfico de drogas, asociación criminal y comercio ilegal y clandestino fueron formalizados Estefanos Venegas Arias, Carola Gatica Garrido, Roberto Polanco Polanco, Cynthia Cuevas Liberona, Luis Miguel Ruiz Ferrada, Yeraldina Polanco Cuevas, Caroline Ruiz Cerda y Daniel Cuevas Liberona.
El Juzgado de Garantía de Chillán decretó cinco meses de plazo para la investigación de la Fiscalía y de la Brianco de la PDI.