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A través de la Dirección Jurídica se pronunció la Municipalidad de Chiguayante sobre el bono de 78 millones de pesos que planteó el alcalde Jorge Lozano a los miembros del Concejo, como incentivo al retiro del cuestionado secretario municipal, Lisandro Tapia.
Del total, 51 millones de pesos serán entregados sí o sí al funcionario, mientras que el resto, $27 millones, requieren la aprobación de los concejales, lo que no ocurrió. Por eso, explicó el abogado Pablo Aros, lo que corresponde es que el secretario ejerza las acciones contra el rechazo al pago.
El voto en contra de los concejales se debió a una condena contra Lisandro Tapia por acoso laboral y un sumario pendiente por lo mismo, antecedentes que -dijo el jefe jurídico- no impiden el pago del incentivo.
Consultado por qué no se agilizó un sumario, que según los ediles podría haber terminado en destitución, Aros explicó que hay un retraso en todas las investigaciones administrativas. Ante el inminente pago de al menos parte del bono, concejales evaluarían llevar el caso a la Contraloría para un control de legalidad.

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