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Dos trabajadoras del estudio de abogadas Susana Cortés y Andrea Romero fueron acusadas de asociación delictiva y acceso indebido a información en una investigación por corrupción judicial en Los Ángeles, Región del Bío Bío. Accedieron a datos reservados de la Defensoría Penal Pública, ingresaron al sistema informático 50 veces con claves ajenas y facilitaron actividades ilícitas de sus empleadoras y sus cónyuges. Además, se formalizó a un imputado por tráfico de armas en esta trama corrupta.

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