El abogado Remberto Valdés, como representante de 1.200 familias afectadas en el cordón industrial Quintero-Puchuncaví a raíz de la emergencia y contaminación causada por el crudo iraní en agosto del año pasado, está pidiendo que se revoque la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual decretada por el Juzgado de Garantía de Talcahuano en contra de los imputados.
Kast justifica su reforma ante críticas por recortar libertades: “El crimen organizado ya las limitó”
