A mediados de 2023 se promulgó ley que endurece las penas contra delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, es decir que por ejemplo, quienes provoquen incendios forestales de manera intencional o por negligencia se verán expuestos a una pena más dura que lo que ocurría años atrás.
Francisco Astorga, abogado de la ONG Defensa Ambiental, nos explicó qué establece esta nueva normativa y cómo se aplica. En ese sentido, el profesional indicó que el desafío ahora para nuestro país es poder contar con mayor fiscalización, seguimiento y elementos de prevención.
«Lo que falta aquí es capacidad de fiscalización, capacidad de que los distintos organismos estatales se puedan hacer presentes en el territorio y que exista, por tanto también, una mayor comunicación entre las comunidades y estos organismos de fiscalización. Aquí hay un desafío esencial, porque esta nueva ley de delitos ambientales aumenta el estándar, viene a sistematizar la legislación y a elevar ciertas penas, y eso es un avance esencial, pero mientras eso no se pueda llevar a la práctica, a través de una fiscalización efectiva, esto va a seguir ocurriendo», indicó.
