Abogado de familia de joven asesinado en fiesta de año nuevo: SEREMI de Seguridad comete un grave error al afirmar que no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas

Fuerte controversia generaron las declaraciones de la SEREMI de Seguridad, Paulina Stuardo, quien aseguró en entrevista con Nuestra Casa de Canal 9, que no es posible perseguir la responsabilidad penal de personas jurídicas, al ser consultada por eventuales acciones del Gobierno en contra de los organizadores y dueños del recinto donde se realizó la fatal fiesta de Año Nuevo en Talcahuano, en la que fue asesinado Cristóbal Miranda.

El abogado de la familia de la joven víctima, Remberto Valdés calificó como un error grave la afirmación de la autoridad, señalando que la legislación chilena sí permite imputar penalmente a personas jurídicas, especialmente cuando existen eventuales incumplimientos en materia de seguridad y prevención. “Yo no concuerdo con ella, hay dos tipos de responsabilidades penales: la responsabilidad penal de las personas jurídicas propiamente tales y las responsabilidades personales de aquellas que gobiernan a las personas jurídicas”, sostuvo.

El Ministerio Público sostiene que el crimen fue concertado por al menos 16 personas con 15 días de anticipación, existiendo actualmente dos imputados en prisión preventiva. Sin embargo, Valdés advirtió que aún resta identificar a otros coautores materiales y determinar la responsabilidad penal de quienes operaron y permitieron el funcionamiento de la que calificó como “pseudo fiesta”. Según antecedentes preliminares, ésta habría superado casi tres veces el aforo permitido, sin contar con guardias profesionales, ni con medidas preventivas o de respuesta ante emergencias, dijo el profesional.

La familia de Cristóbal Miranda prepara querellas tanto contra Espacio Marina, lugar del homicidio, como contra los organizadores del evento, utilizando figuras legales que permiten imputar responsabilidad penal a personas jurídicas.

El jurista Valdés explicó que cuando se desarrollan contratos a gran escala, como el arriendo de un inmueble para la explotación comercial en un evento masivo, la responsabilidad es compartida entre organizadores, productores y propietarios del recinto, quienes deben garantizar las condiciones mínimas de seguridad. “Estas obligaciones no solo recaen en la empresa, sino que se extienden a las personas naturales que toman las decisiones”, enfatizó.

Valdés fue enfático al señalar que, tratándose de un homicidio calificado cometido en grupo, no importa quién dio el golpe fatal. “El golpe letal no importa quién lo dio, cuando se trata de un asesinato masivo, son todos coautores materiales y nosotros a todos les vamos a pedir presidio perpetuo por homicidio calificado. Estas personas que vamos a perseguir hasta encontrarlas, es mejor que lleguen y confiesen, para que intenten tener un atenuante de responsabilidad penal”, advirtió.