Crisis Habitacional y Migración: Datos Desmienten el "Desborde" en Subsidios Sociales

Un reciente informe del centro de estudios Faro UDD ha puesto luz sobre la relación entre la población migrante y el acceso a la vivienda social en Chile, específicamente respecto al subsidio DS49. Aunque existe la idea de que los extranjeros se quedan con la mayoría de las ayudas, los datos reales dicen lo contrario.

Según explica la economista e investigadora Viviana Bejar, las cifras muestran que solo el 4,1% de estos subsidios han sido entregados a migrantes en la última década. Esta cantidad es muy baja si se considera que los extranjeros representan casi el 9% de la población total de Chile, lo que significa que reciben proporcionalmente mucha menos ayuda que los chilenos.

La razón principal de esta diferencia es la dificultad para tener los documentos al día. Para pedir una casa al Estado, se exige tener la residencia definitiva, un trámite que hoy toma mucho tiempo y es difícil de obtener.

Por esto, mientras comunidades que llevan décadas en el país, como la peruana o boliviana, sí logran postular, quienes llegaron hace poco, como la población venezolana, suelen quedar fuera del sistema. Al no tener opciones legales de vivienda, miles de estas familias terminan viviendo en campamentos en condiciones de mucha fragilidad.

El informe también destaca un problema grave en cómo se usa el dinero de todos los chilenos, señalando que el Estado está gastando mal los recursos. Actualmente, construir una vivienda social cuesta, en promedio, el doble de lo que se planeó originalmente.

Lo preocupante es que este aumento de costos no se traduce en mejores viviendas, sino que refleja una falta de control y una gestión poco eficiente de los fondos públicos que termina perjudicando a todos los postulantes.

En las regiones extremas del país, la situación es todavía más delicada. En zonas del norte o del extremo sur, el gasto por vivienda llega a ser hasta cuatro veces más alto de lo presupuestado. Este desbalance financiero genera alarmas sobre la administración de los recursos, ya que el dinero se agota más rápido y permite construir menos soluciones habitacionales de las que se necesitan para cubrir la alta demanda actual.

Se advierte que las soluciones no están llegando a los lugares donde la crisis es más urgente. Hay zonas donde, por cada 30 familias que viven en un campamento, el gobierno entrega apenas un subsidio. Ante este escenario, los expertos piden con urgencia que el Estado se modernice y use mejor la tecnología para cruzar datos entre sus oficinas. Solo así se podrá controlar el gasto y asegurar que la ayuda llegue de manera rápida y transparente a quienes realmente no tienen un hogar.