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La implementación de las leyes de inclusión en Chile enfrenta una dura realidad: la mayoría de los nuevos contratos corresponden a personas que ya estaban dentro de las empresas, sin abrir puertas reales a quienes llevan años fuera del sistema.
María José Escudero, Directora de Fundación Ronda, advierte que el escenario para el 61% de las personas con discapacidad desempleadas no ha mejorado, evidenciando que la normativa actual no basta para cambiar el panorama de exclusión.
El principal muro que detiene este avance es la falta de educación, ya que más de la mitad de las personas con discapacidad en el país no ha terminado la enseñanza media. Esta brecha escolar, sumada a la falta de información técnica en las empresas, impide que miles de ciudadanos accedan a empleos de calidad.
Sin un apoyo concreto para nivelar estos estudios, la ley corre el riesgo de ser solo un trámite administrativo. Además, la inclusión actual sufre de un fuerte centralismo y desigualdad de género, pues la mayoría de las contrataciones se concentran en Santiago y benefician principalmente a hombres.
Existe una necesidad urgente de descentralizar las oportunidades para que el talento de regiones también sea valorado, y de aplicar una perspectiva de género que integre a las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan una doble barrera para emplearse.
El llamado es a que las organizaciones no vean la inclusión como una carga, sino como una oportunidad de transformación social. Con el apoyo de instituciones como Fundación Ronda, las empresas pueden recibir la asesoría necesaria para derribar prejuicios y cumplir con la ley de forma humana y efectiva, logrando un impacto real que vaya mucho más allá de una simple cuota obligatoria.

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