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Nuestra Casa
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La investigación por el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile abrió un amplio debate sobre el rol del Estado y los mecanismos de protección a la infancia. En Nuestra Casa, la abogada Carolina Araya explicó los alcances legales del caso.
La abogada detalló que muchos de estos ingresos se habrían realizado bajo la figura de reunificación familiar, un derecho reconocido en tratados internacionales. Según explicó, padres haitianos residentes en Chile habrían autorizado mediante mandatos notariales a terceros para trasladar a sus hijos desde Haití, en vuelos privados o gestionados por agencias. Sin embargo, la situación genera dudas cuando una misma persona ingresaba con grupos de 10, 13 o hasta 15 menores.
Araya sostuvo que el punto crítico no solo está en el ingreso al país, sino en la falta de trazabilidad posterior. Es decir, que el Estado debió saber dónde estaban esos niños, si asistían al colegio, si tenían controles de salud, vacunas al día y si efectivamente se encontraban bajo el cuidado de sus familias.
La abogada también indicó que distintas instituciones habrían tenido alertas sobre esta situación, entre ellas organismos migratorios, autoridades políticas y entidades vinculadas al control de ingreso al país. Por ello, afirmó que ahora corresponde investigar si hubo negligencia administrativa, falta de coordinación entre instituciones o incluso delitos asociados.
Finalmente, Araya recalcó que el caso no debe quedar solo como una noticia del momento, sino que debe abrir una revisión profunda sobre cómo Chile protege a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el país, independiente de su nacionalidad o situación migratoria.

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