Interdicción: ¿cuándo se solicita y qué implica para una persona y su familia?

La interdicción es una figura legal que permite resguardar a personas que, por una condición de salud mental, cognitiva o una discapacidad severa, no pueden administrar adecuadamente sus bienes. Sobre este tema conversaron en Nuestra Casa el abogado Cristian Rivera y el asistente social Patricio Torres, ambos del consultorio jurídico CAJ de Talcahuano.

Rivera explicó que, al declararse la interdicción, la persona queda privada de la administración de sus bienes y se designa a un tutor o curador, quien la representa judicial y extrajudicialmente. En el caso de la interdicción por demencia, señala que generalmente se requiere contar con la credencial de discapacidad, la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad y certificados médicos que acrediten la condición de la persona.

Los especialistas aclararon que este proceso no significa que la persona pierda la propiedad de sus bienes, sino que se regula quién puede administrarlos en su beneficio. Además, precisaron que el curador debe rendir cuentas y que, para vender una propiedad de la persona interdicta, se requiere autorización judicial y una justificación clara, como cubrir tratamientos, cuidados o necesidades básicas.

Desde el área social, Torres advirtió que muchas familias demoran en iniciar estos trámites por desconocimiento, lo que puede dejar a personas mayores o en situación de vulnerabilidad expuestas a abusos o acciones maliciosas de terceros. Por ello, llamó a buscar orientación profesional y recordó que el consultorio jurídico de Talcahuano entrega asesoría jurídica y social gratuita a quienes lo requieran.