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Una preocupante cifra de desempleo del 10,7% se registró en la Región del Biobío en el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), confirmando un escenario económico complejo que arrastra una desocupación sobre el 8% por más de tres años.
La Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región, Camila Álvarez, reconoció el estado crítico del mercado laboral local y expuso las estrategias públicas en marcha para activar la contratación.
La autoridad regional explicó que la crisis responde a factores estacionales e inviernos de baja contratación, sumado al impacto acumulado de reformas legales recientes.
"Las medidas que se debieron haber tomado en su momento hacen que hoy día veamos una crisis laboral en la cual estamos tomando medidas como Gobierno. La estacionalidad se suma a los costos laborales, los cuales incrementaron con muchas medidas que, aunque las vemos positivas, incrementaron los costos y la situación económica no ayuda a que eso se equilibre, sino que desincentiva la contratación", señaló Álvarez en relación con la implementación gradual de la Ley de 40 Horas y la Reforma de Pensiones.
Para enfrentar la contracción laboral en las pequeñas y medianas empresas que generan cerca del 70% del empleo nacional, la titular del Trabajo destacó la implementación del subsidio a la contratación del plan "Modo Empleo" y el programa "Chile Despega".
Estas herramientas contemplan aportes directos a los empleadores de hasta el 50% de un ingreso mínimo para la contratación de hombres y un 60% para mujeres por cuatro meses.
Además, la Seremi anunció aportes clave: "El Gobierno Regional, que es un aliado estratégico, nos traspasó $5.000 millones para poder ocuparlos en el subsidio a la contratación. Esta es una medida concreta y rápida que se está ejecutando durante este último trimestre del año 2026".
En cuanto al desempleo femenino, que se ubica en un 11,1% en la región, la autoridad profundizó en la necesidad de acortar la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres mediante incentivos económicos y reformas de corresponsabilidad.
Finalmente, frente a los cuestionamientos por la paralización de obras públicas licitadas y sus efectos en la generación de empleo directo, la Seremi confirmó que se han endurecido las exigencias en las bases de licitación para garantizar el pago de sueldos y la solvencia de las empresas contratistas.