La comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, por acuerdo unánime de la instancia, decidió declarar inadmisibles todas las indicaciones para el proyecto de ley que repone el voto obligatorio.

La medida fue aprobada en general por la Sala de la Corporación el pasado 26 de mayo, y regresó a la instancia técnica para la discusión de las indicaciones que se presentaron. Todas ellas fueron declaradas inadmisibles por la instancia, durante esta última sesión, pero dejando abierta la opción de que dichas materias se materialicen en proyectos paralelos.

Lo anterior, por tratarse de una reforma constitucional en la que todos los cambios que se han propuesto —como las sanciones; el hacer que la inscripción sea automática y obligatoria; la desafiliación del padrón electoral antes o después de las elecciones— pueden ir en otros proyectos de ley.

En ese sentido y por decisión de la mesa, se decidió solamente escuchar la postura del Servicio Electoral y de otros expertos en la instancia, y seguir discutiendo el tema con miras a votarlo este miércoles como proyecto único de voto obligatorio.

Al respecto se refirió el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, quien fue invitado a la instancia. En ese sentido, puntualizó que uno de los grandes problemas del actual sistema es la desactualización del domicilio electoral. Sin embargo, señaló que el uso de la Clave Única ha mejorado esto, ya que el grueso de los cambios de domicilio se hacen por esta vía.

En materia de sanciones, indicó que el cambio al voto obligatorio es muy importante y sostuvo que “hacer el camino de vuelta sin sanción, en mi opinión, es lo mismo que no hacer nada”. En cuanto a lo que ocurría antes del cambio a voto voluntario con las sanciones, explicó que estas nunca se aplicaron.

“Se mandaba una nómina a los jueces de policía local para que notificaran a una parte importante de los electores y el resultado era que en definitiva los juzgados no tenían tiempo, no tenían los recursos para las notificaciones y al final no se enviaban y se acumulaban en una bodega”.

Por ello, planteó Tagle, de implementarse una sanción las personas deben tener la percepción de que existe. “Esos países que tienen sanciones tienen una participación cercana al 80%. Por lo tanto, si eso es lo que buscamos así debiera ser el mecanismo”.

Asimismo, se mostró partidario de que la persona tenga un espacio de tiempo, de unos dos meses, para justificarse frente a una entidad y, si no llega a hacerlo, se le aplique una sanción automática que lo deje en un registro en el que se le impida una serie de cosas.

“En Perú, por ejemplo, si no ha votado no puede salir del país. Si llega al aeropuerto, su DNI está registrado, tiene prohibición porque no ha pagado la multa u otros trámites como no sacar licencia o no renovar patente”.

En cuanto a la normativa, se espera que durante las próximas semanas comiencen a discutirse todas las medidas complementarias anteriormente mencionadas.