El padre, de iniciales V.H.V.M., se enteró que su exesposa y madre de sus hijas -quien tiene la custodia de las menores- había decidido vacunarlas para que pudieran regresar a clases presenciales de forma más segura.Días antes, el establecimiento municipal en el que estudian las niñas había informado a los apoderados que durante la segunda quincena de octubre comenzaría la inoculación, destacando que se trataba de un proceso absolutamente voluntario.

En este contexto, y tras no llegar a un acuerdo con su expareja, quien estaba por vacunar a las menores, el hombre decidió interponer un recurso de protección ante el tribunal de alzada penquista buscando “asegurar la debida protección de los derechos fundamentales” de sus hijas.

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