La Fiscalía negó la protección solicitada por la dueña de un predio tomado por comunidades mapuche en la comuna de Cañete, región del Biobío.

Desde la Fiscalía se explicó que las medidas de seguridad se dan en delitos más graves y menos cuando los dueños no viven en la propiedad usurpada.

Las razones de la decisión molestaron a la Fundación de Víctimas de la Macrozona Sur, desde donde tacharon el hecho como “impresentable”.

Además, acusan que ni siquiera para los hechos de gravedad se está otorgando protección, lo que demuestra el fracaso del Estado en el sur de la provincia.

En tanto, Marcela Ramírez, propietaria afectada, argumenta que el terreno pertenece a su familia desde hace cerca de 100 años.

Finalmente, el fiscal Danilo Ramos explicó que ante delitos flagrantes como la usurpación, Carabineros debe actuar sin consultar al Ministerio Público. 

Es a partir de ese procedimiento que interviente el organismo persecutor.