Diversas irregularidades constató la Contraloría General de la República luego de una auditoría que realizó al Cementerio General de Los Ángeles.

La entidad revisó los ingresos propios obtenidos por el recinto en el periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de agosto del 2021.

Lo anterior, con la finalidad de determinar que los ingresos por aquel concepto hubiesen sido efectivamente percibidos, estuviesen acreditados, correspondieran a la totalidad de los servicios prestados y que las operaciones asociadas dieran cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que regulan la materia.

Según la información entregada por la entidad fiscalizada durante el periodo mencionado, el monto total de ingresos fue de 812 millones de pesos.

Irregularidades detectadas

En el proceso de auditoría, la Contraloría detectó diversos puntos que terminaron ingresados en un informe liberado en marzo de este año.

Por ejemplo, se verificó que el Departamento de Cementerios no contaba con manuales de procedimientos en cuanto a las principales rutinas del personal que se desempeña allí, como tampoco de la recepción de ingresos a tesorería, registro, contabilización y depósito de los mismos.

Se detectó también una debilidad del sistema de información utilizado para la administración de los registros referidos al cementerio. Además, se indicó una falta de autorización de la Seremi de Salud.

Carencia de autorizaciones por parte de Seremi de Salud

Esto se justificó cuando “se constató que la construcción de mausoleos, nichos y demás construcciones funerarias, al interior del Cementerio General de Los Ángeles, no cuentan con la autorización previa de la autoridad sanitaria”.

Eso sí, el documento expresa que desde el municipio se respondió que “la autorización para obras propias en el Cementerio General, son requeridas junto a la solicitud de funcionamiento del camposanto”.

Agregaron que “las obras tales como oficinas, servicios higiénicos, nichos y patios de sepultación, calles y veredas fueron autorizadas por la Seremi de Salud pertinente, con la autorización de funcionamiento del recinto”.

Eso sí, se aclara en el mismo texto que respecto de una resolución de la entidad sanitaria que autoriza el funcionamiento y ampliación del cementerio, no se indica nada respecto de la aprobación para la construcción de las estructuras anteriormente mencionadas.

Otros puntos fueron la falta de implementación de libros y/o archivos; arriendos temporales de nichos y terrenos con renovación superior a 20 años.

El punto 7 de lo detectado es respecto de las reducciones, donde se constató que sobre algunos restos humanos sepultados no constaba la documentación de autorización por escrito del cónyuge sobreviviente o la manifestación de voluntad de los familiares que permitieran tal acción. Son al menos 12 casos en ese punto.

La Contraloría también hizo revisión del sistema informático del cementerio, donde se comprobó que no había un sistema para resguardar las copias de seguridad de los sistemas y bases de datos.

También se expresó una falta de registro y control de las deudas de los contribuyentes; como cobros en UTM efectuados de manera incorrecta.