Un recurso de protección contra la Asociación de Funcionarios del organismo en el Bío Bío fue presentado por el abogado Antoine Peñaloza, argumentando que la imposibilidad de acceder a los servicios del Registro Civil violan los derechos de igualdad ante la ley, del libre ejercicio de la profesión y la libertad para poder salir y volver al país.
El profesional estima que en este caso la Corte de Apelaciones de Concepción tiene las facultades para intervenir y decretar que el Gobierno Regional del Bío Bío disponga las medidas para la entrega de los documentos que el Registro Civil -por estar sus funcionarios en una huelga ilegal- no está poniendo a disposición de los chilenos.