Esta semana la Corte de Apelaciones de Concepción revisará un recurso del Consejo de Defensa del Estado en contra de una de las pocas demandas acogidas hasta ahora por los tribunales en favor de víctimas del tsunami de 2010. En primera instancia, el Fisco fue condenado a pagar 100 millones de pesos a la familia de un padre y su hija muertos en Dichato.

León Ortiz Novoa y su hija Valeria murieron ahogados por las olas que azotaron y devastaron la localidad costera de la comuna de Tomé, acreditando el Tercer Juzgado Civil penquista la responsabilidad del Estado, luego de que el entonces intendente Jaime Tohá y la Onemi descartaran la amenaza de tsunami.