6 mil 630 millones de pesos deberá pagar el Estado a las personas cuyas casas fueron inundadas el año 2006, cuando a raíz de las intensas lluvias de ese invierno se produjo el desborde del río Andalién y el estero Nonguén, en el sector Collao de Concepción.

Así lo determinó la Corte Suprema, al acoger el recurso presentado por los damnificados, y que fue interpuesto por su abogado Adolfo Ortega, pidiendo aumentar los 500 mil pesos otorgados como daño moral por la Corte de Apelaciones penquista, estimándose finalmente en un millón de pesos el pago a los 6 mil 630 demandantes.

El mismo Ortega explicó que el máximo tribunal confirmó por un lado la negligencia del Estado al no haber efectuado en el estero Nonguen y el río Andalien las obras que pudieron impedir las inundaciones, al tiempo que desechó el argumento del Consejo de Defensa en cuanto a que las autoridades entregaron tras el desastre un bono a los afectados.