Los 880 alumnos del Instituto San Pedro se encuentran en total incertidumbre ante la complicada trama familiar y judicial que podría terminar con el desalojo del recinto educacional que ha funcionado en ese lugar por más de medio siglo.

Antecedentes

De acuerdo a BioBioChile, la fundadora del Instituto San Pedro, Rebeca González, formó una sociedad comercial el 2011 para la administración del recinto, quedándose con el 98% del control y repartiendo el 2% restante entre su sobrino Álvaro Hinojosa, y Julio Figueroa, quedando cada uno con el 1%.

Luego de esto, se registró una modificación de esa relación con dos elementos: ceder el inmueble donde funciona el colegio -avaluado en 2 mil millones de pesos-, de manera gratuita a la sociedad; y dejar los porcentajes de participación en un 2,08% para Hinojosa y Figueroa, quienes pasaron a figurar también como representantes legales, quedando la fundadora con el 95,84%.

Rebeca González falleció en 2015, a los 86 años, dejando un testamento cerrado a través del cual legó el proyecto a sus nueve sobrinos, con la exigencia de que siga funcionando como establecimiento educacional.

En medio del proceso, la Ley de Inclusión introdujo un cambio de modalidad que hizo necesaria la creación de una corporación sin fines de lucro, para lo que los herederos hicieron un compromiso: crear una escritura de arrendamiento del inmueble y vender, en el plazo de un año, a la corporación, comenzando con los preparativos de autocompra en 3 meses dispuestos en el contrato de transacción, consignó el medio citado.

También se solicitó un informe de rendición de cuentas de el periodo entre 2013 y 2017.

Inicio del conflicto

El 27 de junio de 2017, se creó la Corporación Educacional Instituto San Pedro, siendo aprobados sus estatutos el 14 de julio, y asumiendo la calidad de sostenedor del colegio el 10 de noviembre del mismo año.

En diciembre de 2017 se realizaron reuniones extraordinarias para exigir los estados financieros, los cuales nunca llegaron. Esto acabó con la destitución de Julio Figueroa como representante legal, quedando solamente como director.

En abril de 2018 otra sobrina, Lorena González, asumió como representante legal. Luego de constantes roces con los ahora exadministradores, recién logró entrar al recinto el 10 de septiembre de dicho año, gracias a una resolución que la reconoció formalmente con ese cargo.

En la investigación que precedió dicha sentencia, se descubrió entre otras cosas que la subvención de casi 100 millones de pesos mensuales, además de cheques de financiamiento compartido de los apoderados, nunca dejaron de depositarse en las cuentas de la Sociedad manejada por Hinojosa y Figueroa.

Lorena González afirmó a Radio Bío Bío, en junio pasado, que esta era solamente la punta del iceberg.

Desde la actual administración sostuvieron que la falta de inversión se evidenciaba en un establecimiento sucio, con problemas sanitarios y falto de infraestructura. En ese sentido, en abril de 2018 se presentó una querella por  fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

El caso se asignó al fiscal Nelson Vigueras, quien debió determinar el destino de más de 1.500 millones de pesos por concepto de subvención del Estado, copago de apoderados y beneficios a profesores que nunca fueron entregados.

A su vez, los administradores anteriores fueron despedidos a causa de presuntas irregularidades cometidas entre 2014 y 2017, considerando arriendos desde la Sociedad a la Corporación del inmueble, que no fueron exigidos ni cancelados, aunque sí se rendían; y el compromiso de compra que tampoco se hizo efectivo, de acuerdo al medio citado.

La contraofensiva

Tras todo lo ocurrido, Hinojosa y Figueroa, ya desvinculados de la Corporación, llevaron a cabo un contraataque legal. A través de un juicio de arrendamiento, el Tercer Juzgado Civil de Concepción resolvió que la actual sostenedora, Lorena González, deberá pagar 114 millones de pesos por concepto de arriendo no cancelados, más 325 millones por indemnización de perjuicios.

Sumado a esto, la Supreintendencia de Educación, que durante años no detectó la rendición de 206 millones de pesos para arriendos que no fueron efectuados, multó con 25 millones de pesos adicionales a la Corporación que actualmente administra el Instituto San Pedro.

La orden de desalojo

Luego de la decisión del tribunal, se dio por finalizado el contrato de arriendo, por lo que el recinto debe ser despejado en un plazo de 10 días, a partir de la notificación.

Funcionarios, apoderados y alumnos se han movilizado para visibilizar la compleja situación que podría dejarlos sin su lugar de trabajo y estudio. Dicen ser “una familia” y que la situación está afectando la tranquilidad que necesitan los alumnos para estudiar.

Las alternativas judiciales para evitar el desalojo, van desde una apelación al fallo, un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y/o la presentación de recursos de protección.

De acuerdo a BioBioChile, a nivel administrativo, en última instancia, incluso se plantea que el Ministerio de Educación, a través de la Superintendencia, designe a un administrador provisional y declare el embargo del inmueble en donde funciona el colegio.

Por otro lado, se espera que avance la querella por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos que sigue en manos del fiscal Vigueras, quien ha sido blanco de críticas por, según dicen, la falta de avances en el caso.

El abogado de la Corporación Instituto San Pedro, José Vargas, dijo al medio citado que lamenta que la institucionalidad haya fallado por tantos años.

Nelson Vigueras, consultado sobre la situación por el medio, declinó referirse a esta por tratarse de una “investigación en pleno desarrollo, (en la que) se han decretado diligencias”.

Por su parte, el abogado Mauricio Venegas, representante de Hinojosa y Figueroa, se excusó dos veces de entregar la postura de estos, asegurando que “no se ha reunido con sus representados para tratar el tema”.